La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que representa una nómina anual de 26 mil millones de pesos, rechazó la auditoría a escuelas y pidió a los planteles sorteados no permitir el paso a personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Dicha actitud fue considera por el sociólogo e investigador, Samael Hernández Ruiz, como un temor a que se sepa que hay plazas que supuestamente están en escuelas, cuando hay dirigente que siguen comisionados por encima del número que la ley establece
Pero, además, en su “resistencia”, tampoco han permitido el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para conocer el número de escuelas que tiene el sector, dijo Hernández Ruiz.
Con datos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el presupuesto para esta dependencia en 2023 es de 27 mil millones de pesos, del cual, el 97% se destina a una nómina federalizada y en automático se destina a los más de 80 mil trabajadores de la educación y funcionarios.
Con esto, 26 mil 190 millones de pesos se destinan al pago de salarios y 810 millones de pesos a infraestructura que es una cantidad irrisoria que ha sido una constante y ha dejado en rezago a los planteles.
Mientras tanto, la dirigencia de la Sección 22 indicó que sin previo aviso, a partir del pasado viernes 13 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación comenzó la revisión y fiscalización de la cuenta pública federal en escuelas de este gremio.
Ante ello, solicitó a todos los representantes de las estructuras de los niveles educativos, así como a los directivos de los centros de trabajo que salieron sorteados para este proceso a no permitir el acceso de los auditores a sus instituciones educativas.
Como movimiento democrático nos pronunciamos y rechazamos rotundamente la intención de la ASF, ya que atenta contra los derechos de los trabajadores de la Sección 22 y, además, fiscaliza la educación pública de nuestro Estado”.
Ante esta situación, este gremio se declaró en alerta máxima ante cualquier embestida de los gobiernos, reservándose el derecho de accionar.
No se trata de proteger a nadie, ni a desubicados ni aviadores. Consideramos esto como un acto inconstitucional y no encontramos el objetivo de la auditoría, es un ejercicio dilatorio a los derechos humanos y promueve la discriminación hacia las y los trabajadores de la educación”, indicó el vocero del gremio, Luis Alberto López Pazos.
Consideró que la auditoría debe comenzar desde los entes del IEEPO y del gobierno estatal, pero no empezar por las escuelas.
Por eso, hizo el llamado a la estructura y a directores, evitar la entrada de las personas fiscalizadoras.
