Aumentan los señalamientos en contra de funcionarios en la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por presuntos actos de corrupción que deberán ser investigados para deslindar responsabilidades.
Lo anterior se agrega a uno de los señalamientos más graves en la institución que ha sido la corrupción en la adquisición de medicamentos y equipo médico. Se han documentado casos en los que funcionarios han otorgado contratos millonarios a empresas sin capacidad para cumplirlos, algunas incluso fantasma, lo que ha derivado en desabasto de insumos esenciales.
En 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en contratos del IMSS por más de 400 millones de pesos. Estas anomalías incluían sobrecostos en la compra de medicamentos y adjudicaciones directas a empresas sin experiencia en el sector salud.
Otro caso emblemático fue el del “Cártel del IMSS”, una red de corrupción donde funcionarios de alto nivel otorgaban contratos amañados a cambio de sobornos. Estas prácticas no solo afectaban la transparencia del instituto, sino que ponían en riesgo la salud de los pacientes al comprometer la calidad de los productos y servicios adquiridos.
La corrupción en el IMSS tiene consecuencias directas sobre la calidad de la atención médica, pues el desvío de recursos impide que hospitales y clínicas cuenten con equipo adecuado, médicos suficientes y medicamentos esenciales. Esto se traduce en largas esperas, diagnósticos tardíos y una mayor tasa de complicaciones en los pacientes.
Uno de los problemas recurrentes es la falta de medicamentos, lo que ha llevado a protestas de pacientes y médicos. En varios estados, se han reportado situaciones en las que tratamientos para enfermedades crónicas, como el cáncer, han sido interrumpidos debido a la mala gestión y corrupción en las adquisiciones.
A pesar de que en últimos años, el gobierno ha implementado medidas para combatir la corrupción en el IMSS, estos esfuerzos aún enfrentan grandes desafíos.
