Oaxaca se encuentra en el cuarto lugar de los estados del país con mayor incidencia en agresiones y asesinatos contra periodistas y el 99.13% de los delitos queda en la impunidad, lo cual mantiene en la constante indefensión a los comunicadores.
En agosto de 2017, las autoridades presumieron que la entidad contaba con la primera Unidad especializada para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión en el país, pero a la fecha periodistas y diferentes asociaciones cuestionaron la falta de atención y respuestas al mismo gremio.
En su momento, las autoridades habían señalado la importancia de la Unidad para responder a la necesidad de dar atención y castigar a los responsables, que en casos de intimidación o amenazas físicas o verbales no ha dado resultados.
Para la periodista Paulina Ríos, en Oaxaca no ha habido justicia real ni en los asesinatos ni en las agresiones contra periodistas, porque las autoridades solo “maquillan la verdad” y no avanzan en los casos.
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, la periodista de gran trayectoria y especializada en diferentes temas como equidad de género, afirmó que para las mujeres y hombres periodistas no hay nada que celebrar, porque las autoridades garantizan la impunidad a los agresores.
No hay respuestas
El 10 de diciembre de 2018, un grupo de siete periodistas de Oaxaca fue amenazado vía Facebook y el caso fue denunciado ante las autoridades competentes, pero a la fecha no se ha dado con los responsables de las amenazas. Al mismo tiempo, las instancias de procuración de justicia estatal no han mantenido acercamiento con los afectados.
Otra amenaza por mensaje de texto a través de un celular fue enviado a la reportera de un portal informativo, Ana Luisa Cantoral, quien denunció los hechos y contó con el apoyo de diferentes asociaciones, pero tampoco ha tenido respuestas satisfactorias de las autoridades.
Cese a la impunidad, demanda APO
Integrantes de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) demandaron al Gobierno del Estado cese a la impunidad de las agresiones a periodistas, al considerar que es ésta la que alienta todas las agresiones y transgresiones en la sociedad, no sólo contra este gremio, sino en todos los sectores sociales.
Señalaron que el gran porcentaje de impunidad en los delitos contra periodistas, “abre la puerta a particulares y a miembros de gobiernos, funcionarios, políticos, presidentes municipales, entre otros, a agredir a periodistas, porque saben que es muy remoto recibir castigo por ello”.
El asesor jurídico de la APO, Elías Martínez Pérez, afirmó que no se necesitan más leyes sino que las actuales se cumplan. “Para proteger a los comunicadores no hace falta repetir leyes que ya están en la Constitución o en los Códigos, sino que éstas se cumplan y que cese la impunidad”.
Desde 2013 han asesinado a 11 periodistas
En el informe anual de Artículo 19, organización independiente de Derechos Humanos que promueve el derecho a la libertad de expresión, se mostró que de 2013 a 2018 al menos ocho periodistas fueron asesinados. A esta cifra se suma el caso de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Juchitán de Zaragoza el 2 de junio de 2018, así como otros dos casos más en lo que va de 2019.
El 17 de julio de 2013 fue asesinado el periodista de esta casa editorial, Alberto López Bello; en 2014 Octavio Rojas de medio El Buen Tono y en 2015 Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, de Transmitiendo Sentimientos y La Favorita 103.3, respectivamente.
En 2016 también fueron asesinados Marcos Hernández Bautista y Elidio Ramos, de Noticias en la Costa y El Sur, mientras que en 2018 María del Sol Cruz Jarquín y en 2019 Gustavo Cruz y Telésforo Santiago.
Van 322 agresiones en cuatro años
Por otro lado, los registros de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) reveló que de 2015 a la fecha se tienen contabilizadas 322 agresiones contra mujeres y hombres periodistas, donde la región en la que se presentan más casos son los Valles Centrales.
En 2015, el organismo estatal registró 80 personas agraviadas, 121 en 2016, 74 en 2017, 39 en 2018 y 8 hasta el primer trimestre de este 2019.
Por regiones, los Valles Centrales es la zona donde se registró el mayor número de casos, seguida por el Istmo de Tehuantepec, la Cuenca del Papaloapam y Mixteca.
Las principales agresiones han sido el hostigamiento, intimidación, seguimiento y vigilancia, amenazas y agresiones físicas durante la cobertura periodística. Entre los principales agresores se encuentran autoridades municipales, elementos policiacos, integrantes de organizaciones sociales o sindicatos, entre otros, los cuales tampoco han sido sancionados por las autoridades.
Alertan por amenazas contra periodista Soledad Jarquín
ntegrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género alertaron por el riesgo que afronta la periodista Soledad Jarquín Edgar, ante los constantes actos de intimidación, hostigamiento y amenazas de muerte a través de las redes sociales.
Señalaron que a un año del feminicidio de su hija, María del Sol Cruz Jarquín, preocupa la seguridad de la periodista y defensora de los Derechos Humanos, por la cual también han mostrado su respaldo organizaciones como el Observatorio (OMCT-FIDH) y Front Line Defenders (Defensores de Primera Línea).
Ambas organizaciones señalaron que las amenazas e incidentes de seguridad contra Soledad Jarquín han aumentado tras su intensa labor en la búsqueda de justicia ante diversas autoridades judiciales, con el propósito de revelar los autores materiales e intelectuales del asesinato de su hija María del Sol Cruz Jarquín.
“Pese a la existencia de varias carpetas de investigación abiertas, a un año del feminicidio, los avances en el estado de las investigaciones siguen siendo mínimos. Con base en el riesgo de impunidad y por las características del caso, Soledad Jarquín y organizaciones acompañantes han solicitado que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Expusieron que el caso de María del Sol y la impunidad que le siguió es emblemático de la dramática situación de violencia feminicida en Oaxaca, que está en aumento exponencial. Tan solo en los dos años y medio de la actual administración fueron documentados al menos 297 feminicidios, 67% más que en el mismo periodo durante el sexenio anterior.
Recordaron que en junio de 2018, luego del asesinato de su hija, Soledad Jarquín fue incorporada al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas dadas las amenazas que existían en su contra.
“Una de las medidas de protección acordada fue la instalación de mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con el propósito de lograr avances en las investigaciones por la muerte de su hija. Sin embargo, la sesión prevista para abril de 2019 fue cancelada unilateralmente por las autoridades. Además, hasta la fecha, la defensora sigue sin medidas que garanticen una protección adecuada”.
