A causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, abogados y representantes de asociaciones civiles, prevén un rezago del 80 por ciento de casos en el sistema de justicia estatal.
Gustavo Alejandro Cruz López, presidente de la Asociación Civil Praxis Universitario, explicó que el tema de acceso a la justicia en medio de la pandemia “es muy complejo, de por sí en condiciones normales había rezago, ahora por el tema del Covid-19 se acentuó”.
“Los órganos como el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), hacen un esfuerzo para evitar la parálisis total, por ello se implementó un sistema digital con la idea de minimizar los efectos en tema de acceso a la justicia, pero también sabemos que el propio Poder Judicial del Estado tiene empleados y empleadas sindicalizadas, que son el mayor número con que cuenta, pues todo este personal no está laborando, únicamente están los de confianza que son los jueces, secretarios y algunos actuarios que son los encargados de notificar”.
Por ello, expuso fue de vital importancia la implementación de la página virtual para efectos de demandas y mecanismo de promociones electrónicas para avanzar. “Aunque solamente le están dando trámites a los asuntos urgentes y dentro de esos se encuentran las pensiones alimenticias, guardia y custodia, convivencia, entre otros, pero son los menos”.
“Estimamos que el sistema estará funcionando en un 20 por ciento a lo mucho de su capacidad, esto es complicado porque se ha tratado de reanudar paulatinamente los servicios de manera presencial, sin embargo, en los últimos días se han presentado nuevamente cierres de juzgados por los contagios al personal que ha estado laborando, esa es una realidad que no podemos negar”
Cruz López detalló que esta situación ha afectado de manera importante a las abogadas y abogados, “pero la afectación mayor es para los usuarios, las personas que tienen un problema que atender en los juzgados sobre todo en materia civil, familiar y mercantil”.
“Aun cuando hay una alta inconformidad de compañeros y compañeras del gremio, se debe priorizar el tema de la salud y la vida, porque también existen situaciones de abogados y abogadas que han padecido esta enfermedad, es un tema muy complejo.
“En los primeros días de la pandemia, se realizaron manifestaciones de inconformidad por parte de los compañeros litigantes porque no pensábamos que esta situación iba a durar tanto tiempo, pero no se pretende culpar a nadie, se nos fue de las manos a todos y también sería una responsabilidad en estas circunstancias tener una reapertura total de los juzgados”.
El presidente de la Asociación Civil Praxis Universitario destacó que este aproximado del 80 por ciento de casos rezagados comprende en todos los ámbitos, desde asuntos civiles, mercantiles hasta audiencias de juicios.
“En lo personal creo y dependiendo de la duración de este cierre, va generar una carga excesiva de trabajo que no sabemos en qué va detonar, es un tema muy complicado, pero no podemos denostar en ese sentido porque es un tema de salud pública que ha complicado estos procesos a nivel mundial”.
Datos de la asociación civil, refieren que los temas de mayor avance son los civiles y mercantiles, mientras que en materia penal, se encuentran muy rezagadas las audiencias de juicios como son comunicación e imputación, control de detención, vinculación a proceso y audiencias intermedias.
“Las audiencias de juicio hasta donde sabemos están suspendidas, cuando se dejan de atender genera el alargamiento de los procesos y el rezago, aunque genera una inconformidad general, hay que entender que hay una situación que tiene que ver con la ponderación de derechos y en estos momentos es el derecho a la salud y a la vida”.
“Podemos comprender en gran medida esta situación, podemos decir que se abran los juzgados, a lo mejor consensando entre asociaciones y el Poder Judicial del Estado se pueden buscar alternativas para ir minimizando esta situación que está provocando la pandemia en el tema de acceso a la justicia”, apuntó.
El trabajo en justicia
De acuerdos con las cifras del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en 2019 se contabilizaron 3 mil 139 causas iniciadas en primera instancia del sistema acusatorio penal, mientras en el periodo comprendido del 29 de febrero al 30 de noviembre del 2020, a través de JusticiaTel se atendieron dos mil 072 asuntos principalmente sobre temas familiares y penales como el régimen de convivencia, alimentos, divorcio incausado y abuso sexual, entre otros.
El Tribunal Superior de Justicia informó que hasta el momento se cuenta con cerca de tres mil usuarios del Tribunal Virtual y se han efectuado cinco mil 541 notificaciones electrónicas. En lo que corresponde a Mediación en línea, de julio hasta finales del mes octubre se habían atendido 191 asuntos.
Detalló que para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las personas ante la pandemia por Covid-19, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura han incorporado el uso de las tecnologías para tareas esenciales que ejecutan los órganos jurisdiccionales en la entidad, como las audiencias presenciales y virtuales, de las cuales, tan solo en materia penal se han realizado mil 795 en el periodo del 20 de marzo al 26 de septiembre de 2020.
De esta cifra, mil 253 corresponden a audiencias virtuales y 542 a presenciales, en juzgados de las distintas regiones de la entidad, con apego a los acuerdos establecidos por el Poder Judicial del Estado.
De acuerdo con informes de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, en el periodo del 4 de abril al 19 de septiembre pasado, a través de 52 juzgados familiares, civiles y mixtos de primera instancia ubicados en las diferentes regiones de la entidad, se dio seguimiento a seis mil 376 casos urgentes, 297 corresponden a la entrega de certificados de depósito de pensiones alimenticias; 62 a órdenes de restricción, mil 241 a pago de pensiones alimenticias; 124 a separación de cónyuges, 156 a solicitudes de convivencia y 559 a solicitudes de guardia y custodia.
Tres mil 937 casos derivan de promociones varias, juicios sucesorios intestamentarios, demandas de reconocimiento de paternidad, recuperación de menores o pérdida de patria potestad, entre otros temas.
