El gobierno de México activó una estrategia territorial para combatir el embarazo infantil y los matrimonios forzados, un problema que ha evidenciado graves fallas institucionales y que tiene en Oaxaca uno de sus focos más sensibles.
La medida llega casi dos años después de que se hiciera pública una lista de casos de niñas que dieron a luz a hijos de hombres mucho mayores, situación reconocida en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum como posibles delitos de abuso sexual y uniones forzadas.
OAXACA: ENTRE MARGINACIÓN Y RIESGO SOCIAL
Dentro de los 50 municipios prioritarios a nivel nacional, cinco pertenecen a Oaxaca: Candelaria Loxicha, Huajuapan de León, San Cristóbal Amatlán, San Gabriel Mixtepec y Santiago Ixtayutla.
Estas localidades comparten condiciones estructurales como pobreza, rezago educativo y presencia de comunidades indígenas, factores que incrementan la vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a la violencia sexual y las uniones tempranas.
En regiones como la Sierra Sur y la Costa, especialistas han advertido que persisten prácticas normalizadas que invisibilizan estas problemáticas, dificultando su denuncia y atención oportuna.
UNA ESTRATEGIA EN TERRITORIO: ALCANCES Y LIMITACIONES
El programa Niñas y Adolescentes Libres y Seguras contempla intervenciones directas en comunidades, incluyendo visitas casa por casa, trabajo con escuelas, capacitación de servidores públicos y diálogo con familias.
También se instalarán Centros LIBRE, espacios orientados a promover derechos, igualdad y redes de apoyo para niñas y adolescentes.
Sin embargo, en Oaxaca el reto es mayor. La dispersión geográfica, la diversidad cultural y la limitada presencia institucional en algunas zonas podrían obstaculizar la implementación efectiva de estas acciones.
UNA PROBLEMÁTICA PROFUNDA QUE EXIGE MÁS QUE PROGRAMAS
El embarazo infantil en Oaxaca no solo responde a falta de información, sino a un entramado de desigualdad, violencia e impunidad. La ausencia de mecanismos eficaces de denuncia y protección ha permitido que estos casos persistan sin consecuencias claras para los agresores.
Organismos sociales han señalado que, sin acceso real a justicia y educación sexual integral, cualquier estrategia corre el riesgo de quedarse en esfuerzos aislados.
ENTRE LA URGENCIA Y LA DEUDA HISTÓRICA
Aunque la inclusión de Oaxaca en esta estrategia representa un reconocimiento de la gravedad del problema, también expone una deuda histórica con las niñas y adolescentes del estado.
El desafío no solo será implementar acciones, sino transformar las condiciones que permiten que estas violencias continúen.
