El secretario de salud, Donato Casas Escamilla, reconoció ayer que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) no cuentan con la infraestructura necesaria para la práctica del aborto, según las reformas al Código penal que propusieron legisladoras del partido Morena.
El funcionario se limitó en dar su opinión sobre las posiciones en el interior del Congreso local, donde algunos mostraron su apoyo a la despenalización y otros rechazaron las reformas, al igual que diferentes grupos políticos, religiosos y de organizaciones sociales.
“Nosotros somos una secretaría que acatamos órdenes y estaremos muy al pendiente de lo que suceda; de aprobarse, nosotros no contamos con infraestructura y tendríamos que hacer una reingeniería para poder tener mejores espacios y dar la cobertura que nos pidan”.
El secretario de salud insistió que la despenalización generaría que la dependencia solicitara un mayor recurso anual, además de impulsar un proyecto ante la federación para que sea validado en breve.
Recordó que el actual Código penal autoriza el aborto por violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o malformación del producto, pero las reformas al Código penal establecerían otras circunstancias.
De acuerdo a estadísticas del sector salud de Oaxaca, se estima que abortos seguros en unidades médicas alcanzan los más de mil, ya sea porque no se logró el producto, peligraba la vida de la madre, entre otros.
Según registros de organizaciones sociales y feministas, en la misma entidad se estiman entre 9 mil a 11 mil abortos clandestinos, sobre todo en comunidades indígenas y menores de 19 años de edad.
Así también, aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) no tiene registros de mujeres privadas de su libertad por aborto, el Tribunal Superior de Justicia del Estado sí cuenta con al menos cinco mujeres que están en proceso judicial desde el año pasado a la fecha por ese motivo.
