A más de dos meses que entró en vigor la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Estado de Oaxaca, mejor conocida como “ley anti PET” que prohíbe distribuir, vender y usar botellas desechables de plástico, en los centros comerciales continúan, sin restricciones, las ventas de estos productos.
Durante las ventas por fin de año, los establecimientos aprovecharon para ofertar los productos que son envasados mediante material de plástico, unicel, así como platos y vasos desechables como popotes.
En algunos centros comerciales los propietarios colocaron letreros con la leyenda “hasta agotar el inventario de los productos”, sin embargo, el tiempo de gracia que otorgó el Congreso del Estado venció desde el 25 de octubre de 2020.
Cabe destacar que el 10 de abril de 2019, el congreso local aprobó la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, pero ante la inconformidad de los micros y pequeñas empresas, el 22 de junio de 2019, el Poder Legislativo publicó el decreto 629 para otorgar un plazo de un año para que los establecimientos lograran agotar sus inventarios.
El decreto venció el 22 de junio del 2020, pero el 24 de abril de 2020 se otorgó una nueva prórroga de seis meses, quedando como fecha límite el 25 de octubre de 2020.
Al concluir los términos que mandató el Poder Legislativo, a la fecha la ley continúa inoperante tanto en las grandes cadenas comerciales como en las pequeñas tiendas donde se comercializan desde los refrescos hasta productos de plástico.
Según datos de las autoridades estatales, hasta el 25 de octubre de 2020, se conocieron 12 amparos que presentaron diversas empresas en contra de esta ley.
El 1 de diciembre de 2020, los integrantes de la Fracción Parlamentaria de Morena, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a iniciar de oficio las investigaciones por la violación colectiva y masiva a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al medio ambiente sano por parte del titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), Samuel Gurrión, por su omisión para hacer cumplir esta ley.
