Para los abogados especialistas en materia penal, las redes sociales son una herramienta fundamental en la exigencia de justicia; sin embargo, abusar de las mismas puede llevar a repercusiones para la ciudadanía.
“Debemos de partir que estamos en una nueva era de la digitalización de los medios de comunicación, en donde las redes sociales están cumpliendo un fin de carácter social, y una de las formas de poder colaborar como ciudadanía en la exigencia de justicia es a través de estas plataformas”, explicó el doctor en Derecho, José Antonio Álvarez Hernández.
Expuso que la información oportuna “como cuando se denuncia un secuestro a una niña, niño o cuando se desconoce el paradero de un menor, pues de inmediato se emite la alerta amber, pero es a través de las redes sociales como se difunde con la anuencia de los padres que suben las fotografías y con ello, esta nueva era digital juega un papel importante en la localización de la persona desaparecida”.
“También ha funcionado en delitos graves donde se haya cometido, por ejemplo, un asesinato y los autores se quieran dar a la fuga o quieran evadir la acción de la justicia. Las redes sociales juegan un papel importante, en lo que debemos aclarar es que los usuarios no juzgan sobre la culpabilidad o inocencia de una persona; únicamente se informa acerca de que alguien pudo haber cometido algún delito, por lo que colaboran en la procuración de justicia, pero no están juzgando”.
El catedrático universitario explicó que de acuerdo con el Artículo 17 Constitucional una vez que esto ocurre, quienes tendrán que determinar sobre la culpabilidad de una persona o sobre la inocencia de un delito, será un juez o un tribunal.

“También hay otra parte que debemos de tener mucho cuidado, porque algunos pueden caer en un abuso de estas plataformas digitales, entonces nos encontramos que en algunas ocasiones se difama a una persona, señalarla de un delito que en realidad no se ha cometido y esto cae en un abuso porque se pone la fotografía, nombre, el trabajo, los hijos o la dirección, entonces lo que se está haciendo es difamar”.
“En estos casos se estaría cometiendo un delito al utilizar las redes sociales para causar un daño moral en la vida pública o privada de una persona. Por ello, cuando la víctima se siente agredida debe sancionarse. La ciudadanía debe tener cierto nivel de conciencia para el uso de las redes sociales y cierto nivel de conciencia para evitar su abuso”.
Álvarez Hernández detalló que en estas formas de uso de las redes sociales las autoridades “son responsables de ponerle más empeño a la procuración de justicia, porque también si hay un abuso por parte de la ciudadanía es porque no hay un cumplimiento efectivo de las autoridades para perseguir y sancionar a los responsables de un delito”.
“Las denuncias a través de las redes sociales o directamente en una procuraduría deben estar fundadas, ser honestas, porque denunciar por denunciar no tiene ningún valor. Hay otro tipo de denuncia si se desconfía de las autoridades y se toma en cuenta en los códigos de procedimientos penales, en la propia constitución general y en tratados internacionales como es la denuncia anónima. Hay delitos considerados muy graves que no permiten que la víctima se dé a conocer; estas deben ser tomadas también en cuenta por las autoridades”.
“Cuando existen cualquiera de ellas, la autoridad será la encargada de investigar si es fundada o no, las autoridades tendrán que investigarlo, todas las instancias de procuración e impartición de justicia, desde policías, jueces, fiscales, magistrados y ministros deben de analizar las pruebas que presentadas por las partes y con base en ello, determinar como delito lo que la ley señale y, en su caso, tomar en cuenta la colaboración de la ciudadanía cuando están fundadas”, concluyó el abogado.




































