La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción mantiene la investigación de una serie de fraudes por funcionarios y empresas “fantasmas”, en la simulación de otorgamiento de obras, servicios o productos, cuyos desvíos se estiman en miles de millones de pesos.
Tan solo en la investigación que llevan a cabo en siete personas, éstas están relacionadas con al menos 50 empresas fantasmas, donde los montos van de los 200 a 300 millones de pesos.
El fiscal anticorrupción del Estado, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, confió en una estrecha colaboración con el nuevo Gobierno federal, para contar con información fiscal y corroborar que no solo hubo participaciones fraudulentas, sino establecer la ruta del dinero utilizado.
Al señalar que se investigan desvío de recursos en la ejecución de obras como carreteras, pavimentación y hospitales, el funcionario aclaró que no a todas a las empresas fantasmas las ocuparon para simular las obras o que se entregó el producto, sino para buscar descuentos fiscales.
“Muchas de ellas (empresas fantasmas) son la vía para entregar el dinero mal habido al funcionario. Hacen una parte de la obra (el cascarón) y lo demás se lo llevan a otro lado”, explicó, luego de señalar que este es un tema al que se le debe poner mucha atención.
Recordó que en 2017 se superaron las 100 denuncias por corrupción, y a la fecha se tienen más de mil asuntos que corresponden a delitos cometidos por autoridades municipales, que también se investigan para corroborar lo que se denuncia.
De las 607 carpetas de investigación que siguen en proceso, dijo, los principales denunciantes fueron particulares, lo cual demuestra que la sociedad empieza a confiar más en las instituciones.
De este número de carpetas, 467 fueron por particulares, 44 por autoridades municipales, 168 por instituciones del Gobierno estatal y 18 se iniciaron a consecuencia de notas periodísticas que por oficio retomó la Fiscalía.
En mayor medida los delitos fueron por ejercicios indebidos y peculado: desvío de recursos, el otorgamiento, ejecución o pago irregular a proveedores.
Las autoridades denunciadas fueron autoridades municipales, así como de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), las Secretarías de Finanzas e Infraestructura, entre otras.
