Los exfuncionarios de la Administración de Gabino Cué que sean encontrados como responsables del delito de peculado en torno al proyecto del Citybús, podrían alcanzar prisión hasta por 14 años.
Este proyecto se investiga en torno a un monto de más de 500 millones de pesos, ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca, por el lado penal.
Al respecto, el fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, externó que hasta el momento, siguen sin ejercer acción penal contra de quien o quienes resulten responsables.
Sin embargo, la pena que podrían alcanzar los personajes involucrados va de los 2 hasta los 14 años de prisión.
Es más, él o los vinculados directamente, podrían pasar en prisión el proceso judicial para evitar que obstaculicen la investigación o se den a la fuga.
El titular de esta instancia, externó que dependerá de la persona que van a imputar y a partir de la vinculación a proceso, podrían determinar pedir al juez que se ejecute la orden de aprehensión.
De acuerdo con el fiscal, el delito de peculado dentro del Código Penal tiene una pena relacionada con el monto a investigar y en este caso, los años podrían ir de los 2 a 14 años.
“Si es la mínima o la máxima depende del nivel de responsabilidad y exigibilidad del servidor público. Mientras mayor jerarquía o mayor rango sea el servidor público alcanzaría una mayor pena”, dijo.
Y aunque, que por disposición de la ley está imposibilitado a dar mayores detalles de la investigación, Jorge Emilio Iruegas, relaciona a dependencias como Administración, Finanzas y la extinta Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) y a sus titulares en el 2014, en la administración de Gabino Cué como los directamente vinculados.
Serían quienes en su momento ejecutaron los actos donde se evidenciaron irregularidades en los procesos de contratación, supervisión y otros rubros que rodean al proyecto.
“Por disposición expresa en la ley, no podemos dar información a terceros con respecto a ello, pero en lo que en un momento se publicitó por diversas instancias, es que se trata de una investigación que tiene que ver con irregularidades relacionadas con el proyecto: Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca, el cual tuvo un monto de más de 500 millones de pesos en atención a un contrato firmado en 2014; entonces, obviamente todas las instancias involucradas pueden tener cierta responsabilidad”, sentenció.
El proceso de investigación derivado de la denuncia que interpuso la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, continúa y se obstaculizó, en parte, por las condiciones atípicas de este 2020, las actividades limitadas en algunas dependencias, entre otras causas.
“Existen investigaciones en torno al proyecto denominado Citybus, sin embargo, la fiscalía Anticorrupción no ha ejercitado acción penal en un tema relacionado o derivado. Se está recopilando información, sobre este proyecto de movilidad urbana y renovación del parque vehicular”, precisó.
Iruegas Álvarez abundó que se encuentran en espera de recuperar algunas periciales para estar en condiciones de determinar si hubo delito y si lo hay, quiénes son las personas que pueden estar involucradas en este ilícito.
“En la parte de la licitación se observaron diversas irregularidades, no se supervisó que se llevaba a cabalidad lo estipulado en el proyecto de origen, así como irregularidades en la compra de las unidades móviles, además de que todas de ellas se depreciaron porque no pudieron entrar en circulación desde su compra”, dijo.
A dos años de la investigación, externó que no es sencillo, el cúmulo de información es grande, además de las limitantes de este año, obstaculizaron su conclusión.
“Esperaría que en breve finalice esta investigación”, estableció sin dar tiempos exactos.
De acuerdo con información de la anterior administración, el proyecto estaba valuado en una cantidad aproximada de 700 millones de pesos.
Al tomar el gobierno, Alejandro Murat dio a conocer que recibieron un proyecto en cascarón, pese a que su antecesor declaró haber adquirido una flota de 43 camiones.
Por su lado, en un Dictamen con Punto de Acuerdo de noviembre del 2019, diputados de la LXIV Legislatura local, pidieron la investigación de los actos de “corrupción” que enmarcaron este proyecto.
