Con una población penitenciaria de 3 mil 874 personas privadas de la libertad (PPL) en los 10 Centros de Reinserción Social (Ceresos) del Estado de Oaxaca, al menos mil 739 se encuentran en prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con datos de las autoridades federales, a nivel nacional son 67 mil 877 personas recluidas en los penales estatales y federales con prisión preventiva oficiosa, siendo el Estado de México con el mayor número de PPLs en esta situación con 21 mil 718, en tanto la entidad oaxaqueña se encuentra en el lugar número 12 con los mil 739 internos que corresponde alrededor del 40 por ciento de la población penitenciaria estatal
Aunque el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió que, de invalidarse el artículo 19 constitucional para eliminar la prisión preventiva oficiosa, quedarían en libertad diversas personas que han cometido o fueron denunciados por algún delito, abogados especialistas en materia penal destacan que esto no sería posible, ya que esta figura sería sustituida por la prisión preventiva justificada.
Si se cambia de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva justificada, el Ministerio Público tendrá que justificar caso por caso el riesgo que la persona acusada de determinado delito representa para la víctima y el proceso un riesgo de que se vaya a fugar y por ello, sea necesario que esté en prisión preventiva”, explicó Gerardo Martínez Ortega, coordinador Jurídico y de Litigio del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil (CEPIADET).
Detalló que en algunos casos, la prisión preventiva oficiosa es violatoria a los derechos humanos, toda vez que existe un catálogo de delitos que requiere automáticamente la aplicación de esta figura, sin embargo, en otros casos se les ha acusado a personas inocentes que pasan varios años en prisión sin que el Ministerio Público haya realizado una investigación a fondo o considerado alguna justificación.
En este sentido, consideró viable la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, para pasar a la justificada, por lo que también se acata a las normas internacionales en materia de derechos humanos, “convenio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documento a la que México se comprometió internacional a respetar”, apuntó.
