Oaxaca se mantiene como uno de los estados del país donde la Fundación Reintegra apoya a la población vulnerable que se encuentra en prisión por delitos no graves, pero por falta de recursos no puede obtener su libertad.
Con 35 años trabajando en la prevención del delito, la Fundación Reintegra realiza acciones en la entidad desde hace dos décadas, en beneficio de mujeres e indígenas privados de su libertad por delitos que no ameritan más de cinco años de prisión.
Jimena Cándano, directora de la Fundación, explicó que Reintegra trabaja con tres programas. El primero, con el cual se benefician varios oaxaqueños, otorga fianzas con apoyo de la fundación Telmex a adultos y jóvenes que han cometido delitos no graves y no pueden obtener su libertad por falta de recursos.
La directora dijo que “cada vez que alguien se encuentra en prisión, no solo esa persona se contamina sino también todo el ambiente familiar”.
El segundo programa es la reinserción de adolescentes, donde se trabaja con jóvenes de 12 a 18 años que han cometido algún delito, a quienes se les da acompañamiento jurídico con la autorización de las autoridades competentes. En este se trabaja con los adolescentes y padres de familia, con una tasa de éxito del 96%.
El tercer programa es de prevención comunitaria en la ciudad de México, con niños, niñas, jóvenes, padres de familia y maestros, “en el desarrollo de habilidades para la vida y en construcción de un proyecto de vida positivo que los conviertan en agentes de paz para el país”.
Del programa de Fianzas, la directora de la Fundación Reintegra explicó que la organización interviene en delitos con una pena menor a cinco años, excepto en aquellos que atentan contra la salud.
Para apoyar de manera gratuita, la organización hace un análisis individualizado y no requiere de un aval económico, sino moral. “Se revisa el caso y depende de la persona y el tipo penal del que se le acuse. En Oaxaca se trabaja más con mujeres y población indígena”.
De los errores que en el país se cometen en la búsqueda de la reinserción social, consideró que algunos más frecuentes son la falta de capacitación a los custodios en derechos humanos, la discriminación hacia las personas que cometieron un delito, el hacinamiento y el trato hacia las mismas.
Con el nuevo sistema de justicia penal que establece prisión preventiva oficiosa, la directora mostró su preocupación por la reducción de fianzas que podría haber en el país, aunque en Oaxaca es donde más se trabaja con la población vulnerable.
“Nos tiene muy preocupados (la prisión preventiva oficiosa) porque afecta a las personas que no pueden pagar un abogado en las primeras 48 horas, sobre todo a quienes no hablan el idioma o tienen otra idiosincrasia; nos preocupa mucho porque el daño que se le ocasiona a la persona es altísimo y la sociedad es la que paga el costo”.
La Fundación tiene como misión “prevenir el delito y reintegrar a la sociedad a quienes experimentan conflictos penales, fortaleciendo sus capacidades y concretando un proyecto de vida, siendo un referente en la opinión pública nacional e internacional en la prevención del delito a través de la reinserción social”.
