El Gobierno del Estado informó que luego de una mesa de diálogo con representantes de los extrabajadores de la administración pública estatal que se vieron afectados por el decreto de supresión de bases, habrá una nueva revisión laboral con quienes en su momento no fueron reinstalados.
Aunque se había establecido un periodo del 17 al 21 de febrero para llevar a cabo el proceso de liquidación de los 677 extrabajadores que no fueron reinstalados, la Secretaría de Gobierno (Sego) informó que habrá una nueva revisión minuciosa.
“Hay comunicación con la diputada Margarita García, podemos tener algunas diferencias de apreciación, pero se dialoga, nos comprometimos a realizar una revisión minuciosa para que no hubiera violación de derechos laborales, sobre todo de personas con discapacidad, de quienes estuvieran por jubilarse o situaciones que vulnera los derechos”, señaló el secretario de gobierno, Jesús Romero López.
Por ello, reconoció la disposición de los extrabajadores que en su momento liberaron los accesos del Palacio de Gobierno en donde se habían apostado para exigir su reinstalación inmediata.
“La Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica están revisando el caso y en su momento definirán si hubo una omisión, detalle o error, somos humanos y podemos cometer errores”, afirmó Romero López.
Hay libre circulación en San Isidro Platanillo
Por otra parte, el funcionario informó que como resultado de la política de diálogo, el Gobierno de Oaxaca logró la libre circulación en el polígono de la comunidad de San Isidro Platanillo, agencia del municipio de Santo Domingo Petapa, con lo que abona a destensar el conflicto en la zona y se garantiza la seguridad de la población.
Dio a conocer que el Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Federal estableció un operativo de seguridad en la zona de conflicto, al mismo tiempo que se retomó el diálogo con las partes involucradas.
En el operativo y proceso de diálogo participaron elementos de la Policía Estatal, personal de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) y Delegaciones de Paz de la Secretaría de Gobierno, así como las fuerzas federales como la Guardia Nacional y Defensa.
