Desde los primeros días o semanas, miles logran interrumpir el embarazo gracias a una serie de medicamentos o preparados de hierbas que pueden adquirirse en cualquier mercado. El problema surge cuando el aborto apunta al cuestionamiento social y la falta de acceso a instituciones de salud, que garanticen la práctica de manera segura.
En Oaxaca y el resto del país el aborto es un tema prohibido que divide a pesar de que miles recurren a éste de manera clandestina, con riesgos a la salud y la vida misma. Las más afectadas son jóvenes de 25 a 29 años de edad, menores de 15 a 19 y adultas de 30 a 34 años, según el rango de abortos registrados tan solo en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Despenalización del aborto, solo en debate
La despenalización del aborto en el país solo se queda en el debate. La sociedad se muestra dividida a la hora de hablar de una práctica que no solo arriesga la vida de miles de mujeres y las criminaliza, también pone en duda la ética de quienes deciden hacerlo sin el consentimiento legal.
Desde hace más de una década la despenalización del aborto solo provoca señalamientos y acusaciones, pero no logra convertirse en una realidad.
Apenas este mes el tema volvió a surgir en el marco del Día internacional de la Mujer, pero no avanzó. Mujeres y hombres del Senado se enfrascaron de nuevo en discusiones y será hasta septiembre cuando el tema se retome.
Código penal de Oaxaca con visión moralista
En el estado, el Congreso local ha hecho mutis. Ninguna diputada o diputado se ha atrevido a hablar de la despenalización del aborto y ponerlo en la agenda para su discusión. Mucho menos se han pronunciado aquellas que encabezan las comisiones de Derechos Humanos, Igualdad y Género.
A esto se suma que en la entidad se cuenta con un Código penal que aborda el tema del aborto con una visión y redacción misógina y moralista.
En este artículo, reformado en 2018, se señala al aborto como la “muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
En el artículo 313 del capítulo VII se señala que “al que hiciere abortar a una mujer se le aplicará de uno a seis años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella.
“Cuando falte el consentimiento, la reclusión será de tres a ocho años; y si mediare la violencia física o moral, se impondrán al infractor de seis a 10 años de prisión”.
En este mismo capítulo se advierte que si el aborto lo causara un médico, cirujano, comadrona o partera, además de las acciones que le correspondan en el artículo anterior, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.
Por esta última advertencia también se ponen en evidencia las prácticas en las que se incurre no solo en los consultorios o clínicas particulares, sino también en las comunidades indígenas donde suele recurrirse a una comadrona o partera.
Que mujer “no tenga mala fama”
En el artículo 315, el Código penal señala que a la mujer que aborte se le impondrán de seis meses a dos años de prisión, y no de uno a cinco años, siempre y cuando “no tenga mala fama, haya logrado ocultar su embarazo y éste sea fruto de una unión ilegítima”.
Para la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), Ana Vásquez Colmenares, estos últimos conceptos solo muestran un estereotipo de género discriminatorio y conservador; para la diputada federal por el Partido de Acción Nacional (PAN), Alejandra García Morlán, los términos son subjetivos y deben ser modificados, mientras que para la abogada Elsa Ramírez Martínez, las últimas modificaciones al Código penal no corresponden a la realidad social de Oaxaca.
La mujer no merece ser criminalizada
La titular de la SMO recordó que en Oaxaca, de acuerdo al Código penal, se establece que el aborto no es punible cuando sea causado solo por la imprudencia de la mujer embarazada, cuando se ponga en riesgo la vida de la mujer y cuando se deba a causas eugenésica graves, según el previo dictamen de dos peritos.
Así también, cuando el embarazo sea el resultado de una violación y la víctima decida la expulsión del producto, con intervención médica y dentro de los tres primeros meses, contados a partir de la violación.
Ante la controversia en el Senado por la despenalización del aborto en todo el país, la funcionaria dijo que está en contra de cualquier forma punible de una interrupción del embarazo en cualquiera de sus formas, y por ello buscará propiciar el diálogo con diputados y diputadas para que se haga la discusión pertinente.
“Es muy claro desde las posturas del feminismo que el cuerpo de las mujeres es un ámbito donde ellas deben ejercer la libertad de elegir. Por supuesto, también, no se trata de obligar a nadie a abortar; la moral es privada, las personas deben tener la libertad de aplicar la moralidad que deseen y que recibieron como herencia de su familia”, expuso Vásquez Colmenares.
Y al reiterar que sin duda el derecho a elegir debe estar garantizado y sin castigo, la funcionaria coincidió con el posicionamiento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al señalar que ninguna mujer merece ser criminalizada por el simple hecho de elegir interrumpir su embarazo.
Ante ello, Vásquez Colmenares consideró necesario abrir la discusión ante un tema que divide, al mismo tiempo de confiar en la actuación del Congreso local para hacer las reformas de ley pertinentes, sin criminalizar a las mujeres por elegir e interrumpir su embarazo.
Destacó la necesidad de impulsar acciones de prevención del embarazo adolescente, porque muchos de los abortos provienen de mujeres jóvenes.
De los más de 7 mil abortos que registró el Inegi en 2017, mil 189 fueron en jóvenes de 15 a 19 años de edad, mil 812 en mujeres de 25 a 29, mil 393 de 30 a 34 años y 49 en menores de 15 años.
“La ley se aplica y mientras los legisladores no lo cambien, cabe la posibilidad de que se castigue a las mujeres hasta con cinco años de prisión”, resaltó la titular de la SMO, al cuestionar qué puede hacerse como estado para evitar que las mujeres tomen esa difícil decisión y no se les responsabilice por la práctica de los derechos sexuales y reproductivos, como si el embarazo fuese por generación espontánea.
No hay condiciones para debatir
Para la diputada federal por el PAN, Alejandra García Morlán, la posición de este partido político es clara y firme, estar a favor de la vida desde la concepción, tal y como está prevista en la misma Constitución local.
“Sabemos y estamos en contra de criminalizar a las mujeres que aborten, pero también reconocemos que debe existir el derecho de aborto cuando el embarazo haya sido por violación, cuando se ponga en riesgo la vida de la mujer o cuando el feto viene con alguna malformación”, señaló.
De este tema, que está detenido porque no hay condiciones para entrar al debate, la legisladora recordó que el mismo presidente de la República ha mostrado cerrazón para abordarlo, cuando hace unos días pidió no abrir esos temas ante la discusión que se había generado en el Senado.
Además, García Morlán consideró importante consultar a ciudadanos y expertos en este tema que ha sido de controversia en los últimos días, al reconocer que ninguna mujer debe ir a la cárcel por abortar.
Confió en que realmente se recojan las opiniones fundamentadas de quienes participen en el parlamento abierto y no sea solo una simulación, como sucedió en el tema de la Guardia Nacional.
Llaga que lastima
Para la abogada egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Elsa Ramírez Martínez, el tema del aborto se ha propuesto y discutido en diversas legislaturas, pero hasta ahora “es una llaga que lastima a una sociedad sexista”.
Consideró congruente la propuesta de un Código penal único y que se impulse una discusión en el ámbito nacional, además de legislar a fondo, hacer conciencia social real de lo que pasa y sus consecuencias sociales y económicas en el país, al recordar que hay miles de niños y niñas en los albergues y en condiciones inhumanas, porque no fueron deseados.
Dejó en claro que legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar y como sociedad se debe tener apertura y conciencia de que no se puede seguir viviendo en el pasado.
“La ley se tiene que adaptar y responder a las circunstancias de la sociedad. Muchas leyes eran aplicables al pasado, pero se tiene que evolucionar”, insistió.
Y ante un Código penal que cuestiona a la mujer y le reduce su pena por abortar siempre y cuando “no tenga mala fama”, “haya logrado ocultar su embarazo” y éste “sea fruto de una unión ilegítima”, la abogada señaló que las leyes ya no pueden basarse en cuestiones que tengan que ver con la ética o moral.
“No estamos en el siglo XIX, las leyes deben ajustarse a la realidad y el contexto social porque para eso están diseñadas. La última reforma al Código fue en 2018, pero no se ha reformado de fondo ni responde a una realidad social”, expuso.
Lamentó que en Oaxaca haya mucha desinformación y que a la fecha la mujer también sea objeto de violencia cuando quiere informarse, sobre todo en comunidades marginadas, donde aún se cuestiona a aquellas que deciden qué hacer con su cuerpo.
Mujeres indígenas en peligro
En Oaxaca, se estima que al año se realizan entre 9 mil a 11 mil abortos clandestinos, donde el 17% son mujeres menores de 20 años. La mayoría se realiza en comunidades indígenas donde no se cuenta con los equipos necesarios para llevarlos a cabo, lo que pone en riesgo la salud y la vida de las que deciden hacerlo, de acuerdo con registros de diferentes organizaciones sociales.
La Red Mujeres Tejiendo Saberes señala que las mujeres pobres, menos educadas e indígenas, tienen nueve veces más probabilidad de tener un aborto inseguro que las mujeres con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen a etnias indígenas.
Las estimaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) calculan que en la entidad se dan cuatro abortos inseguros por cada uno de manera legal y “seguro”.
El Sistema de Salud Ipas-México señala a Oaxaca como uno de los cuatro estados del país donde el aborto en condiciones insalubres y sin el conocimiento médico necesario, representa la cuarta causa de muerte de mujeres jóvenes, entre los 15 y 28 años de edad.
Para quienes pueden pagar un aborto seguro o viajar a la Ciudad de México donde el aborto es legal en las primeras doce semanas de gestación sin importar la causa, Oaxaca representa la décima entidad de procedencia de aquellas que optaron por los servicios de interrupción legal del embarazo con 352 casos de abril de 2007 a diciembre de 2018.
Trámites burocráticos impiden un aborto en Oaxaca
Algunos médicos de la ciudad de Oaxaca que prefirieron omitir su nombre, afirmaron que un aborto particular tiene un costo de entre 20 mil y 25 mil pesos y la mayoría se practica en jóvenes menores de 30 años de edad.
Dependerá el tiempo de embarazo para que el médico decida qué método utilizar para practicar el aborto, ya sea con pastillas, por aspiración o legrado. La mayoría de las mujeres acude a un particular porque tiene solvencia monetaria, teme ser criminalizada o busca que el proceso sea más rápido.
En una institución pública, de acuerdo a las experiencias médicas, la mujer que desee abortar por una violación, difícilmente podrá hacerlo aunque esté permitido en el Código penal.
Para empezar, después de una violación, la mujer tarda en recuperarse y decidir interponer una denuncia ante el Ministerio Público, el cual debe iniciar con una carpeta de investigación y recabar las pruebas necesarias. La mayoría de las violaciones no son denunciadas a tiempo.
Después de acudir al MP, la mujer debe someterse a una valoración médica, acudir a las áreas de ginecología y psicología, entre otras, donde las citas pueden tardarse hasta un mes, al considerar que en Oaxaca se cuenta con poco personal y recursos para dar atención a miles de carpetas de investigación por otros delitos.
Y aunque en Oaxaca los Servicios de Salud cuentan con hospitales que brindan el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, la dependencia se limita en su difusión y poco se conoce del procedimiento.
Cinco casos de IVE en 2018
Tan solo en la capital oaxaqueña en 2018, se tuvo el registro de un caso de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso como consecuencia de una violación.
En otras unidades hospitalarias se reportaron cuatro casos más por las mismas causas, pero en la Mixteca y la Costa.
En reiteradas ocasiones, se solicitó una entrevista con los SSO para conocer de estas áreas, pero solo se recibieron negativas. Lo mismo sucedió con la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Mujer por Razón de Género, cuya área de comunicación social dio evasivas para proporcionar información sobre el tema.
De acuerdo a los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Oaxaca se registraron 16 abortos tipificados como delitos, mientras que en lo que va del año van dos casos.
De manera extraoficial, algunos funcionarios de la Fiscalía afirmaron que algunos obedecen a casos donde se encuentra el feto abandonado en una bolsa o terreno baldío, que se registra como aborto y delito, sin que se haya identificado a la persona que lo provocó.
