Analiza Congreso local terna para Comisión de Búsqueda

La 65 Legislatura local, recibió la terna para la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Oaxaca, cuya propuesta se remitió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Después de tres meses de la renuncia de Edilberta Cruz Regino en esta representatividad, el titular del Poder Ejecutivo envió la propuesta integrada por Enrique Chávelas Espinoza, Eduardo Bautista Cruz y Michel Julián López.

El 16 de octubre pasado, en el Periódico Oficial del Estado se publicó la convocatoria para la elección de la persona titular en esta comisión, por lo que se realizaron las entrevistas correspondientes.

La Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia que preside la diputada Lizett Arroyo Rodríguez, llevará el análisis de la terna y en planeo se elegirá a quien será titular de la dependencia.

Dicha comisión es un organismo encargado de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio de Oaxaca.

Cabe mencionar que en este proceso de selección, participaron 13 personas, como respuesta a la convocatoria emitida por la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos (CADH) del gobierno estatal.

Del 21 al 23 de noviembre, los colectivos estuvieron participando en las entrevistas de forma virtual, donde pudieron conocer los perfiles, sin embargo, se fueron algunas inconformidades con las determinaciones.

La propuesta de los colectivos de búsqueda y víctimas indirectas se conforma por Eduardo Bautista Cruz, Irma Lucía González Espinoza y Enrique Chavales Espinoza.

Edilberta Cruz Regino fue la última titular de esta dependencia y no transparentó el uso de más de 20 millones de pesos.

Y es que, colectivos y familiares de personas desaparecidas en Oaxaca, acusaron que esta comisión no actuó conforme sus responsabilidades y que carece de cifra respecto al número de personas desaparecidas.

Por el contrario, en su momento la señalaron de generar graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, por el nepotismo, corrupción e ineficacia que privó al interior.