Afronta Oaxaca 23 conflictos agrarios de alto riesgo
Resueltos 34 conflictos; 226 están en “trámite”
De los 285 conflictos agrarios que actualmente existen en el estado de Oaxaca, 23 están catalogados como de alto riesgo lo que representan el 8.1 por ciento, mientras 51 son de riesgo medio con el 17.9 por ciento y 211 conflictos son de bajo riesgo que representan el 74 por ciento.
Las autoridades estatales informaron que los números de los conflictos agrarios, especialmente los que se catalogan como foco rojo varían frecuentemente en la entidad oaxaqueña, esto derivado de la enorme conflictividad por tierras que prevalecen en las ocho regiones.
De los más latentes que se han atendido en los últimos días destacan entre las comunidades de San Vicente Coatlán y Villa Sola de Vega que no permitía el avance de la construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla.
En el informe proporcionado por los integrantes del gabinete de gobernabilidad y seguridad del gobierno estatal, detalla que durante en el mes de julio se atendieron 275 casos por disputas en toda la entidad.
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De este total, 39 fueron atendidos en la oficina de la Secretaría General, 40 en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, 99 en la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, 46 en la Subsecretaría de Desarrollo Político, 51 en la Coordinación de Delegados de Paz y 60 en la junta de Conciliación Agraria.
En ese sentido, las autoridades estatales informaron que se resolvieron 34 casos en que se dialogaron, en tanto 226 están en trámite y 14 están catalogados como focos rojos por diversos conflictos.
En el tema de los bloqueos realizados en el mes de julio, la Secretaría de Gobierno (Sego), dio a conocer que se registró una disminución hasta de un 40 por ciento a comparación con los que se activaron en julio del 2021.
Por ello, dio a conocer que en el mes de julio del 2021 se contabilizaron 75 bloqueos, en el 2022 fueron 53, mientras que del 1 al 31 de julio del 2023 fueron 30, en su gran mayoría por temas sociales con un 80 por ciento, seguido de un 10 por ciento en temas de justicia que demandaron las y los ciudadanos.
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