Con una calificación de 5.41, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP 2022), reprobó el sistema penitenciario del estado de Oaxaca.
En ese periodo, lo que significó el último año del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, se evaluaron nueve Centros de Reinserción Social (Ceresos) que tiene a cargo la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los penales que obtuvieron las más bajas calificaciones son: el Cereso número 7 de Tehuantepec con apenas el 4.14, seguido de Cereso Femenil de Tanivet con el 4.54, después el Especializado para Pacientes Psiquiátricos con el 4.46, le sigue el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet con el 5.27 y el Cereso número 10 de Santa Catarina Juquila.
El resto de los Ceresos pasaron de panzazo como el número 3 que se ubica en Miahuatlán de Porfirio Díaz con 6.01, el Centro Penitenciario de Etla con el 6.02, el número 4 de Cuicatlán con el 6.16 y el número 6 de Tuxtepec con un 6.47.
De acuerdo con datos de la CNDH, la gran mayoría de los Ceresos ubicados en la entidad oaxaqueña reprobaron en varios aspectos que se miden para una estancia digna de los internos, ya que se identificaron deficiencias en los servicios de salud, así como falta de prevención en violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.
En los reprobados existen hacinamientos, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencias de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
Deficiencias en la alimentación, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior, deficientes condiciones de higiene en las cocinas, incluso en los primeros cinco que obtuvieron las calificaciones más bajas se identificaron autogobierno o cogobierno, ya que el ejercicio de funciones de autoridad lo llevan a cabo algunas personas privadas de la libertad.
Otros aspectos negativos que existen en los penales estatales, son las deficiencias en la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, así como para las personas indígenas o bien quienes viven con VIH o Sida y quienes tienen alguna adicción y desintoxicación voluntaria.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que como parte de sus atribuciones, y en ejercicio de sus funciones, tiene el deber de supervisar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como de sus hijas y/o hijos que viven con ellas en los centros penitenciarios de nuestro país.
Por lo cual, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) se muestran los resultados obtenidos correspondientes al año 2022, el cual da cuenta de la incidencia que este Organismo Autónomo mantuvo en los centros penitenciarios federales, estatales y militares a través de las visitas de supervisión realizadas.
El DNSP que emite esta Comisión Nacional año tras año, ha constituido un importante referente nacional e internacional, a través del cual se puede observar detalladamente la evolución que en los últimos años ha tenido el sistema penitenciario mexicano, sus buenas prácticas, desafíos, áreas de oportunidad, retos y propuestas.
Destaca que este instrumento permite visibilizar diversos aspectos relacionados con la garantía a los derechos humanos de acceso a la salud física y mental, a la alimentación, a una habitabilidad digna, al acceso al agua y saneamiento, a la vinculación con el exterior, a acceder a recursos legales eficaces, al trabajo digno, capacitación para el trabajo, al deporte, a la educación, a la cultura, y a una efectiva reinserción social de las personas privadas de la libertad, mismas que repercuten en la calidad de vida de las personas privadas de la libertad.
