El gobierno del estado asignó al menos 586 millones de pesos a empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), de reciente creación o fantasmas, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De acuerdo a su estudio Compras Públicas Estatales: ¿dónde quedaron los datos? precisa que para el caso de Oaxaca, 538 millones de pesos fueron asignados a empresas sancionadas.
El organismo subraya que Oaxaca y Nuevo León fueron los dos estados con mayor número de contratos a empresas fantasma por un monto total de dos millones 695 mil pesos.
Las entidades que asignaron un mayor monto a empresas de reciente creación fueron Jalisco (121 millones 765 mil pesos), Quintana Roo (108 millones), la Ciudad de México (88 millones), Veracruz (75 millones) y Oaxaca (48 millones).
Reitera que los estados con el menor porcentaje de enlaces accesibles a los documentos de los concursos fueron Hidalgo (12%), Tamaulipas (14%), Guanajuato (19%), Oaxaca (21%) y Guerrero (22%).
Además de que solamente 55 instituciones registraron compras en la Plataforma Nacional de Transparencia con 2 mil 046 contratos y por un monto de 10, 037, 577, 858.
De donde, seis de cada diez adjudicaciones directas no contaban con un enlace directo y efectivo al contrato, documento que es elemental para conocer a detalle los productos o servicios contratados, los precios y las condiciones de la contratación.
Añade que el IMCO cumple con dos objetivos principales; presenta los obstáculos, irregularidades y errores en el registro, búsqueda y revisión de las compras públicas estatales y, además, provee información estructurada de compras públicas estatales que permita identificar patrones y prácticas de riesgo de corrupción con base en los contratos e instituciones disponibles en la PNT.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los procesos de compra disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y realizados durante 2021 por los 32 estados del país. Además, desarrolló y calculó indicadores de riesgo de corrupción para cada uno de los contratos con base en la metodología del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC).
Subraya que la PNT es una herramienta regulada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que busca concentrar la información gubernamental de todas las instituciones que ejercen recursos públicos, esto incluye los contratos de obras, bienes y servicios, no obstante a pesar del carácter nacional y obligatorio, la PNT no garantiza un acceso directo y completo a la información.
