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Aconseja DDHPO ley sobre desplazamiento forzado

La finalidad es prevenir y atender el desplazamiento interno de personas, garantizando la asistencia humanitaria, la vigencia de los derechos y la implementación de soluciones duraderas al fenómeno.


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El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, se pronunció por la creación de una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, que permita garantizar los derechos humanos de las personas que, por diversas razones, se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia.

Explicó que esta Ley debe servir como base de coordinación con la normatividad local y permitir la creación de un padrón para dimensionar la realidad de la problemática, con respuestas institucionales y políticas gubernamentales.

Destacó que la finalidad es prevenir y atender el desplazamiento interno de personas, garantizando la asistencia humanitaria, la vigencia de los derechos y la implementación de soluciones duraderas al fenómeno.

“Es importante dotar de un fondo emergente para atender a víctimas de desplazamiento forzado, y, en tanto que las personas se encuentren bajo estas condiciones, tengan garantizados sus derechos como: seguridad, salud e higiene, alimentos indispensables y agua potable, alojamiento, vestido adecuado, servicios médicos y de saneamiento”.

Señaló además que Oaxaca debe generar un programa de atención integral y especializada para las víctimas de desplazamiento interno forzado en todo el país, pero tomando en cuenta las características distintas en las diversas regiones.

En el caso de Oaxaca, aseguró, el desplazamiento forzado no debe verse sólo desde un enfoque de seguridad pública, ya que la mayoría de los casos requiere de un proceso de diálogo entre las propias comunidades, para generar condiciones de gobernabilidad y de reconstrucción del tejido social.

Rodríguez Alamilla indicó que, el desplazamiento forzado interno además de vulnerar el derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia, implica la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, porque los impactos generados persisten hasta que las personas desplazadas internamente alcanzan una solución duradera.


 

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