Se disparan delitos electorales y actos anticipados de campaña
Con el actual proceso electoral ordinario 2020-2021, los delitos electorales y denuncias por actos anticipados de campaña, se han dispararon en el estado de Oaxaca.
Solamente en el mes de febrero, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales reportó 11 denuncias por posibles delitos electorales contra diferentes actores que participan en el actual proceso.
De acuerdo a los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante todo el 2020 se denunciaron 61 delitos electorales, aumentando de manera alarmante desde el mes de septiembre cuando se contabilizaron 13 incidentes.
Otras denuncias que se han presentado a través de la Comisión de Quejas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), son los actos anticipados de campaña.
La Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto tiene conocimiento de 112 expedientes correspondientes a; 31 Cuadernos de Antecedentes (CA), 38 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) y 43 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS).
Respecto a los PES, ocho corresponden al año 2020, cinco por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) y tres por Actos Anticipados de Precampaña y Campaña Electoral (AAPyCE); 30 corresponden al año 2021, 28 por Actos Anticipados de Campaña, propaganda personalizada y uso de recursos públicos y dos por VPMRG.
De los 31 CA que se encuentran en trámite; ocho corresponden a posibles actos de VPMRG y 23 a AAPyCE. Por su parte, de los 43 POS: dos corresponden al 2019; 41 pertenecen al 2020, 26 fueron presentados por afiliación indebida, 12 por promoción personalizada y actos anticipados de campaña, dos por información falta a este instituto y 1 por injerencia de partidos políticos en Sistemas Normativos Indígenas.
Algunos asuntos por actos anticipados de campaña, ya fueron turnados al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), en donde se definirá posibles sanciones contra los aspirantes a un puesto de elección popular que haya violentado el proceso electoral.
