Sin agua potable y sin justicia, el pueblo de San Pedro y San Pablo Ayutla vive entre el constante miedo e incertidumbre desde hace dos años, ya que fue despojado de su manantial y las autoridades nada han hecho al respecto.
El 5 de junio de 2017 un enfrentamiento de Ayutla con habitantes de Tamazulápam del Espíritu Santo agudizó el conflicto agrario, que tienen desde hace varias décadas, y dejó en la indefensión a la primera comunidad, porque ya no cuenta con el manantial del que se abastecían del vital líquido. Ahora ocupan agua de lluvia y riachuelos contaminados.
No hay justicia
Con una misa en la Iglesia municipal, habitantes de Ayutla recordaron ayer aquel 5 de junio cuando murió de una bala en la cabeza Luis Juan Guadalupe, además de las seis personas que resultaron heridas por arma de fuego.
Ese día, según cuentan quienes estuvieron en la zona de conflicto, los habitantes de Ayutla acudieron con elementos de la Policía estatal a los terrenos colindantes con Tamazulápam del Espíritu Santo, ante el desalojo que se había hecho de 25 familias de Ayutla como una forma de provocación y de invasión de territorio.
En la defensa de las tierras, pobladores de Ayutla intercambiaron palabras y golpes con habitantes de Tamazulápam, pese a la presencia de elementos policiacos que también fueron rodeados y despojados de sus armas.
El llamado de más habitantes de Ayutla al lugar del conflicto se hizo minutos después del primer enfrentamiento, al darse cuenta que varias mujeres habían sido retenidas por sus vecinos de Tamazulápam y corrían grave peligro.
“De repente hubo disparos por todos lados; nosotros corrimos y nos refugiamos por donde pudimos. A mí me dieron dos disparos en la espalda y alcancé a ver cuando una bala le dio en la frente a Luis”, expuso José Aníbal, de 29 años de edad, al recordar el día cuando también se destruyó la conexión al manantial y se quedaron sin agua.
“Con rabia y coraje”
En la Iglesia del pueblo decenas acudieron con flores blancas y recordaron a Luis Juan Guadalupe, quien había sido uno de los desplazados de la zona colindante y murió a los 33 años de edad, cuando buscaba resguardarse de las balas.
Ernestina no acudió a la misa que se brindó en honor a su esposo; tampoco sus hijos de 14 y 17 años de edad. El coraje y la rabia le impidieron llegar y recordar dos años de aquel asesinato que se mantiene en la impunidad.
En el comedor donde ofrece desayunos y memelas, Ernestina asegura que no quiere hablar con nadie, porque hasta el momento no hay justicia y todo sigue igual.
“No quiero hablar, estoy muy enojada. ¿Cuándo van a agarrar a los culpables? No veo ningún avance y la última vez que fui a Ciudad Judicial me preguntaron y me dijeron lo mismo; quieren que les de testigos, que les dé nombres de quienes dispararon”, señala con enojo la mujer que también estuvo en aquel lugar del enfrentamiento.
Ernestina insiste en que no puede decir más del tema porque siempre dice lo mismo. Asegura que tiene odio y resentimiento hasta con sus propias autoridades municipales, porque el conflicto agrario no se resuelve y cobró la vida de su esposo.
“Yo no me voy a parar al manantial, ahí hay gente armada. Quienes van no vivieron lo que yo viví; tengo odio y resentimiento, y si voy ahí no sé qué haría”, expresa la mujer que obtiene agua de riachuelos y no va al manantial como otros habitantes sí lo hacen con cubetas.
Ernestina dice que no quiere hablar, pero lo hace. Mientras cientos acuden a misa y van al panteón donde está su esposo, ella se mantiene en el local donde trabaja vendiendo comida desde temprana hora, como único sustento de sus hijos.
Al quedar desplazada del terreno donde vivió por 11 años, la anterior autoridad municipal le dio una casa para ella y sus hijos, que no acudieron a misa ni a la procesión, ni mucho menos a la explanada municipal donde el edil Rubén Olivares dio un pronunciamiento.
¿Y si yo me hubiera muerto?
De las autoridades de impartición de justicia, el joven que recibió dos balas en la espalda lamenta que en Oaxaca no haya justicia y las autoridades solo se dediquen a desalentar a las víctimas como sucedió en su caso, porque le aseguraron que no encontrarían a los culpables y el proceso de investigación no prosperaría.
José Aníbal Martínez Obregón estuvo en el lugar del enfrentamiento donde todo había iniciado con golpes y palos, hasta que se escuchó la primera detonación.
Ese día su familia le dijo que no fuera, pero lo hizo. ¿Y si yo me hubiera muerto?, se pregunta Aníbal, al mismo tiempo de afirmar que aún siente miedo al recordar lo que sintió cuando las balas pasaron por su cuerpo.
El joven, padre de familia, asegura que hasta hace poco se atrevió a pasar por el manantial, donde la desesperación obliga a muchos a ir para llenar cubetas o algunos tambos que les alcance al menos por uno o dos días.
El pueblo de Ayutla se quedó sin agua potable desde hace dos años, cuando habitantes de Tamazulápam dinamitaron las tuberías para el suministro del vital líquido y amenazaron con no reconectarlas.
Aníbal coincide con otras de las víctimas al señalar que el Gobierno no quiere hacer justicia. Al igual que a Ernestina, las autoridades le pedían dar más testigos y señalar a quienes realizaron los disparos. “Hasta color de piel querían que les dijera”, expone el hombre quien resultó herido al intentar librarse de las balas.
Las víctimas de aquel 5 de junio aseguran que no hay autoridad que las defienda. “No procedieron las demandas y eso es muy triste… ¡Ahora sí que maldito Gobierno!, nos desanimaron para no continuar con el proceso penal”, exponen.
En esta población con más de 5 mil habitantes y ubicada a casi dos horas de la capital oaxaqueña, las autoridades municipales no han vuelto a ser llamadas para continuar las mesas de diálogo, desde aquel día que desmintieron al Gobierno del Estado de un supuesto acuerdo histórico con Tamazulápam.
El 13 de mayo, el Gobierno del Estado afirmó que se había atestiguado la firma del acuerdo suscrito entre las autoridades de ambos municipios para dar fin al problema, pero no presentó el documento que lo avalara.
Un día después las autoridades de Ayutla desmintieron tal aseveración y se dijeron engañados por las autoridades, que planeaban dar la mitad del manantial a Tamazulápam, cuando éste tiene al menos 18 concesiones de agua.
La falta de agua potable en Ayutla ha generado constantes enfermedades en la población, sobre todo menores de edad, que de manera constante se enferman del estómago.
“No hay avances, la disputa es por tierras, no por agua”: edil
El presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, Rubén Olivares Martínez, aclara que el problema con Tamazulápam es por la disputa de 10 mil hectáreas y no por el manantial como lo quisieron mostrar las autoridades gubernamentales.
Señala que Tamazulápam ha invadido terrenos de Ayutla y desde hace dos años pretenden apoderarse del único manantial que tiene San Pedro y San Pablo, del que dependen desde hace más de cuatro décadas.
En breve, adelanta, la autoridad de Ayutla tendrá en sus manos una serie de documentos de 1907 que demuestran que su extensión territorial, incluido el manantial del que Tamazulápam quiere apropiarse.
El edil dice que los habitantes quieren paz y solución pacífica, pero eso no incluye que se ceda el agua a quienes mataron y lastimaron a Ayutla, donde la mayoría de la población son pequeños comerciantes.
“Ayutla necesita agua. Apenas con las lluvias se captó un poco de agua, pero no es suficiente; nosotros como autoridades fuimos con una pipa al manantial para ayudar un poco a los habitantes, pero no tenemos mucho dinero. La renta de la pipa nos salía en 3 mil 500 pesos al día y la pusimos a funcionar por un mes”, expone el edil.
Tamazulápam mantiene constantes agresiones
Irene Hernández de Jesús, primera presidenta municipal de Ayutla en 2007, recuerda que la primera vez que Tamazulápam intentó apoderarse del manantial fue en 2004, pero no se los permitieron.
“Querían tomar nuestro manantial cuando ellos tienen mucha agua. Insisten en invadir nuestro territorio como ya lo han hecho con otros pueblos vecinos”, expone la exedil, luego de afirmar que la infraestructura de conexión de agua potable la realizaron con tequio y apoyo de los mismos habitantes.
Hernández de Jesús contó cómo fue aquel 5 de junio cuando en el centro de la población atendieron a los heridos por arma de fuego, después de haber sido atacados por los dos frentes.
“Se vivió temor”, señala la exedil, quien expone que en Tamazulápam no solo hay ecocidio, sino armas de fuego y secuestro. “No es casual que ahí haya armas”, señala la mujer que no entiende por qué las autoridades estatales protegen al municipio vecino.
A dos años de aquel enfrentamiento, Ayutla sigue sin agua potable. Cientos de tinacos se observan en las casas desde que el manantial fue dinamitado. Los pobladores de esta comunidad ahora acuden rápidamente con cubetas y algunos tambos, por temor a ser observados.
En la zona, cuyo paso es obligado para otros municipios de la zona mixe, algunos habitantes que prefirieron omitir su nombre aseguraron que en Tamazulápam se posee armas de grueso calibre, por “actividades ilícitas que ahí se llevan a cabo” y que es de conocimiento de las autoridades gubernamentales.
Así inició el conflicto
De acuerdo a las autoridades de la Secretaría General de Gobierno, las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla, Tamazulápam del Espíritu Santo, Santa María Tlahuitoltepec, Santo Domingo Tepuxtepec y Santa María Tepantlali, solicitaron al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización el reconocimiento y titulación de sus terrenos comunales el 10 de septiembre de 1959.
Por resolución presidencial el 22 de septiembre de 1975, a dichos municipios se les reconoció y tituló como mancomunidad, que en 2007 decidieron disolver con apoyo del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec.
Sin embargo, solo San Pedro y San Pablo Ayulta y Tamazulápam decidieron continuar con la mancomunidad, por no convenir sobre su línea de colindancia.
El 17 de abril de 2017, según expedientes gubernamentales, autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla solicitaron la intervención de la Secretaría General de Gobierno para que convocara a una reunión a las autoridades de Tamazulápam del Espíritu Santo, para tratar el tema agrario entre ambas comunidades, debido a que tenían conocimiento que estaban siendo invadidos en su territorio.
El 2 de mayo de ese mismo año se llevó a cabo la reunión de trabajo convocada por la Junta de Conciliación Agraria, dependiente de la Segego, con la finalidad de informar sobre la queja de los habitantes de Ayutla y donde se programó una reunión en Tamazulápam el 5 de mayo.
Ese día, personal de la Segego acudió a esta población para informar en asamblea de la queja de Ayutla y pedir a los habitantes a continuar las mesas de diálogo y mantener la paz y armonía social en la zona.
El 8 de mayo se realizó otra asamblea en Tamazulápam donde no se llegó a ningún acuerdo para continuar con las mesas de negociación y el 18 de ese mismo mes el conflicto empezó a agudizarse, luego de que Ayutla informara que sus vecinos habían iniciado la construcción de casas en la zona de conflicto.
El 19 de mayo los de Ayutla iniciaron bloqueos en diferentes accesos y las autoridades de la Segego convocaron a una mesa de trabajo con carácter de urgente para el día siguiente, cuando se solicitó una inspección ocular sobre los daños que los de Tamazulapam habían causado también a las tomas de agua ubicadas en el Manantial.
Pese a las constantes reuniones, el 27 de mayo Ayutla reportó que habitantes de Tamazulapam habían secuestrado a cuatro ciudadanos de la primera población, pero dicha aseveración fue desmentida por su vecino.
El 1 de junio la Segego pidió a ambas comunidades volver a reunirse y los exhortó a evitar confrontaciones, toda vez que en las mesas de trabajo Tamazulapam había solicitado que el agua también fuera para beneficio de sus habitantes.
Sin embargo, dicho llamado no fue escuchado y el 5 de junio ambas poblaciones se confrontaron, cuyo saldo fue de una persona fallecida, 8 lesionados y cuatro mujeres retenidas en Tamazulapam, pero liberadas horas después.
A partir de ese momento, Tamazulapam prohibió el uso del manantial en tanto no se definiera la zona de colindancia entre las dos zonas, que a la fecha ha cumplido Ayutla para evitar otro enfrentamiento.
