La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado al Congreso de la Unión en rebeldía por no emitir una nueva Ley General de Aguas en más de dos años, manteniendo vigente la ley de 1992. Este retraso refleja un rezago de 32 años en la regulación del recurso hídrico en México, en un contexto donde la demanda y los desafíos medioambientales han cambiado drásticamente.
UNA LEY NECESARIA Y URGENTE
La nueva ley, actualmente estancada en el Congreso, busca abordar la distribución del agua, revisar las concesiones, vigilar la sobreexplotación de acuíferos e invertir en infraestructura para garantizar el derecho humano al agua. Una característica innovadora del proyecto es la inclusión de contralorías ciudadanas, permitiendo a los mexicanos supervisar la extracción y distribución del agua para prevenir abusos.
Este marco normativo también contempla la revisión de concesiones para asegurar que no se extraiga más agua de la que se recarga naturalmente en las reservas. Además de combatir el huachicol y la comercialización ilegal del recurso.
REALIDADES Y RETOS ACTUALES
Datos presentados en septiembre de 2023 en el Senado revelan que, hasta diciembre de 2020, había 514,684 títulos de explotación de agua en México. Sorprendentemente, solo 3,304 títulos representan una quinta parte del volumen total de agua concesionada, destinada principalmente a grandes empresas.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, subrayó que el agua es un asunto de seguridad nacional y una prioridad para todos los niveles de gobierno. Actualmente, 21 millones de mexicanos no tienen garantizado el acceso al agua, un derecho constitucional.
Para solucionar esta problemática, se requiere una inversión anual de aproximadamente 86 mil millones de pesos, provenientes de fondos públicos y privados. La implementación de esta reforma necesita la colaboración de entidades federativas con recursos hídricos, la Secretaría de Hacienda, Conagua y Semarnat. Además, es crucial un parlamento abierto que incluya a especialistas, estados y municipios para construir un proyecto hídrico integral.
REACCIONES POLÍTICAS Y JUDICIALES
El 15 de mayo de 2024, la SCJN rechazó ampliar la prórroga solicitada por los diputados. Considerando injustificable el incumplimiento de la nueva ley del agua. La Corte ha pedido al Legislativo que informe sobre el estado del proceso legislativo y remita un cronograma con un plan de trabajo específico para cumplir con la sentencia.
La respuesta del Congreso ha sido mixta. Leonel Godoy Rangel, de la bancada de Morena, manifestó su descontento con la intervención judicial, afirmando que “no va a ser la Corte quien nos va a dictar eso. No lo podemos aceptar de ninguna manera, cuando menos la bancada de Morena no lo acepta”.
Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Diputados ha enviado la solicitud de la Corte a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su análisis y respuesta. Este proceso pretende desarrollar estrategias efectivas para asegurar el acceso universal al agua, en línea con el mandato constitucional.
EL CAMINO HACIA ADELANTE
La situación actual destaca la necesidad urgente de una nueva Ley General de Aguas que refleje las realidades y desafíos del siglo XXI. La SCJN ha establecido un precedente al exigir al Legislativo que avance en esta crucial legislación, mientras las tensiones políticas y las necesidades sociales continúan creciendo.
En un país donde el acceso al agua sigue siendo un derecho no garantizado para millones, la respuesta efectiva del Congreso es vital. La colaboración entre todas las partes interesadas será esencial para desarrollar un marco legal que no solo proteja el recurso hídrico, sino que también garantice su distribución equitativa y sostenible para todos los mexicanos.
