Rubén Rocha Moya protagonizó un nuevo giro político en Sinaloa: después de permanecer 112 días separado de la gubernatura, regresar al cargo y afirmar que lo hacía “con la frente limpia y en alto”, apenas un día después solicitó nuevamente licencia temporal ante el Congreso estatal.
La decisión ocurre en medio de un creciente distanciamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores de Morena y otros actores del partido, quienes marcaron distancia de su regreso y lo consideraron una decisión personal.
El nuevo movimiento deja una pregunta inevitable sobre la mesa:
¿qué ocurrió entre su regreso al Palacio de Gobierno y la decisión de volver a separarse del cargo?
Rocha Moya justificó ahora su petición con una frase que coloca al movimiento político por encima de su permanencia personal: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.
La solicitud fue enviada al Congreso de Sinaloa, que deberá analizarla y determinar quién asumirá temporalmente las funciones del Ejecutivo estatal.
SHEINBAUM MARCÓ DISTANCIA Y EL MENSAJE PEGÓ DENTRO DE MORENA
El regreso de Rocha Moya no ocurrió en un vacío político.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación”.
Además, señaló que se enteró de la reincorporación del gobernador a través del mensaje que éste difundió en redes sociales.
La postura presidencial fue acompañada por gobernadores de Morena, quienes difundieron una carta para deslindarse de la decisión de Rocha Moya y llamarlo a actuar con “madurez y responsabilidad”.
El episodio expuso así una fractura política poco habitual: un gobernador de Morena que regresó al cargo pese a no contar públicamente con el respaldo cerrado de la dirigencia política que encabeza el gobierno federal.
Y ahora, con una nueva solicitud de licencia, el conflicto deja de ser solamente jurídico y se convierte también en una prueba para la cohesión interna del partido.
ROCHA HABÍA PEDIDO LICENCIA PARA NO INTERFERIR EN LAS INVESTIGACIONES
El primer capítulo comenzó el 1 de mayo de 2026, cuando Rocha Moya solicitó licencia al Congreso de Sinaloa para separarse temporalmente del cargo mientras avanzaban las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República.
En aquel momento sostuvo que actuaba con la conciencia tranquila y que su decisión buscaba evitar cualquier interferencia con las indagatorias.
El Congreso aprobó la separación y, el 2 de mayo, Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora interina.
Durante más de tres meses, Bonilla estuvo al frente del Ejecutivo estatal.
Pero el viernes 21 de agosto, Rocha Moya regresó.
El Gobierno de Sinaloa informó entonces que el mandatario retomó sus funciones y que Bonilla volvió a ocupar la Secretaría General de Gobierno.
El retorno parecía cerrar una etapa. Ocurrió lo contrario.
“FRENTE LIMPIA Y EN ALTO”: EL REGRESO QUE DURÓ APENAS UN DÍA
Al reincorporarse, Rocha Moya sostuvo que había decidido separarse temporalmente para no interferir en ningún proceso y que ahora regresaba a cumplir con su responsabilidad constitucional.
También se reunió con integrantes de su gabinete y recibió a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado.
Pero el clima político cambió rápidamente.
La reacción de Sheinbaum y el deslinde de gobernadores de Morena colocaron al gobernador en una posición políticamente incómoda.
Y entonces llegó el segundo movimiento: una nueva solicitud de licencia.
El contraste resulta significativo. Un día estaba de regreso en el despacho del gobernador; al siguiente, volvía a poner su separación del cargo en manos del Congreso.
LOS SEÑALAMIENTOS DE ESTADOS UNIDOS SIGUEN COMO TELÓN DE FONDO
La crisis política se desarrolla mientras Rocha Moya enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente Los Chapitos.
Las acusaciones estadounidenses apuntan a una supuesta colaboración con integrantes de esa organización para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de sobornos, protección y respaldo político. Reuters reportó que el expediente también involucra a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como políticamente motivadas.
Es importante subrayarlo: los señalamientos no equivalen por sí mismos a una sentencia de culpabilidad.
El caso, además, tiene una dimensión mexicana. La FGR mantiene una investigación, y el propio Rocha Moya había argumentado en mayo que su licencia permitiría que las instituciones de justicia realizaran su trabajo sin interferencias.
EL REGRESO TAMBIÉN LO ACERCÓ A OTROS ACTORES BAJO LA LUPA
Durante las horas posteriores a su reincorporación, Rocha Moya sostuvo reuniones con distintos actores políticos y judiciales.
Entre ellas destacó un encuentro con el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien también ha sido objeto de señalamientos de autoridades estadounidenses relacionados con presuntos vínculos con Los Chapitos.
Ese encuentro adquirió especial relevancia debido al momento político que atravesaba el gobernador y a la presión que ya comenzaba a surgir desde Morena.
Sin embargo, los señalamientos contra cualquier funcionario deben distinguirse de una determinación judicial: una acusación no constituye por sí misma una condena.
LA CALLE TAMBIÉN ENTRÓ EN ESCENA
Mientras el conflicto se trasladaba de los despachos políticos al terreno público, simpatizantes del PAN convocaron a una concentración para el lunes 24 de agosto en la explanada del Palacio de Gobierno de Sinaloa, en protesta por el regreso de Rocha Moya.
Así, el gobernador enfrenta ahora tres frentes simultáneos:
- El judicial, por las investigaciones que permanecen abiertas.
- El político, por el distanciamiento con Sheinbaum y sectores de Morena.
- El social, por las protestas y cuestionamientos a su permanencia al frente del estado.
EL CONGRESO TIENE AHORA LA LLAVE
La nueva licencia cambia nuevamente el tablero.
Corresponderá al Congreso de Sinaloa procesar la solicitud y definir quién asumirá temporalmente las funciones del Ejecutivo estatal mientras dure la ausencia de Rocha Moya.
El antecedente inmediato es Yeraldine Bonilla, quien ya ocupó la gubernatura interina durante la primera licencia y posteriormente regresó a la Secretaría General de Gobierno cuando Rocha retomó el cargo.
La situación podría, por tanto, devolverla al frente del Ejecutivo, aunque la decisión corresponde al procedimiento institucional que determine el Congreso.
MÁS QUE UNA LICENCIA, UNA CRISIS POLÍTICA
El nuevo episodio deja una lectura que va más allá de la ausencia temporal de un gobernador.
Rocha Moya regresó al cargo convencido de que debía cumplir con el mandato constitucional; sin embargo, su reincorporación provocó un rechazo político que terminó empujándolo nuevamente a solicitar licencia.
La frase “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo” resume el argumento con el que ahora busca justificar su nueva separación.
Pero también revela la dimensión del problema: su permanencia dejó de ser únicamente una decisión personal y pasó a convertirse en un asunto que involucra al Congreso estatal, al gobierno federal y al propio Morena.
Por ahora, Rocha Moya sigue negando las acusaciones en su contra y no existe una sentencia que establezca su responsabilidad penal.
Lo que sí quedó expuesto es una crisis política inédita: 112 días de licencia, un regreso de apenas un día y una nueva solicitud para volver a separarse del poder.
El siguiente capítulo ya no dependerá solamente de Rocha Moya. La decisión está ahora en manos del Congreso de Sinaloa.
