Una nueva investigación periodística ha destapado un escándalo que golpea el núcleo del oficialismo: Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y exsecretario de Gobernación, habría recibido más de 79 millones de pesos de empresas ligadas al outsourcing y señaladas por el SAT como fantasmas, sin reportarlos debidamente en sus declaraciones patrimoniales. La revelación pone en entredicho su transparencia y el compromiso anticorrupción del partido en el poder.
TRANSACCIONES OPACAS: CONTRATISTAS Y FANTASMAS
Según una investigación de N+, encabezada por los periodistas Jennifer González, Alejandro Melgoza y Jorge Ulloa, Adán Augusto López habría recibido millonarias sumas en 2023 y 2024 provenientes de empresas con vínculos sospechosos.
Entre las compañías involucradas se encuentran GH Servicios Empresariales —clasificada por el SAT como empresa fantasma—, Operadora Turística Rabatte, contratista durante su gobierno en Tabasco, y Capital Cargo del Golfo, beneficiada con adjudicaciones directas bajo su administración.
En total, el senador recibió 79 millones de pesos bajo el rubro de “Servicios Profesionales”. De estos, 20.5 millones fueron transferidos en los últimos dos meses de 2023, justo después de dejar la Secretaría de Gobernación para sumarse al proceso interno de Morena rumbo a la candidatura presidencial.
DECLARACIONES PATRIMONIALES: OMISIONES Y CONTRADICCIONES
La opacidad de estos ingresos ha quedado evidenciada en sus declaraciones patrimoniales y fiscales. En 2023, Adán Augusto reportó ingresos por apenas 7 millones de pesos ante la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, la información recabada por N+ indica que en ese año percibió al menos 22 millones de pesos no reportados.
La inconsistencia se agrava en 2024. Aunque ante el SAT declaró 58.1 millones de pesos, en la Contraloría del Senado solo registró 625 mil 793 pesos. Estas omisiones podrían configurar una falta grave según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece sanciones que van desde la amonestación hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
UNA RESPUESTA TÍMIDA DESDE EL PODER EJECUTIVO
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el escándalo. En una breve declaración, evitó profundizar y se limitó a señalar que corresponde al senador aclarar los señalamientos.
Mientras tanto, la oposición ha comenzado a presionar. El PAN presentó una denuncia formal contra Adán Augusto, acusándolo no solo de irregularidades patrimoniales, sino de supuestos vínculos con el narcotráfico, y exigió su renuncia inmediata al Senado.
¿UNA PRÁCTICA SISTEMÁTICA O UN CASO AISLADO?
Este caso abre cuestionamientos más amplios: ¿cuántos otros exfuncionarios han usado sus conexiones para obtener beneficios personales tras dejar el cargo? ¿Se investigará a las empresas involucradas y sus vínculos con otros políticos?
La falta de transparencia en las declaraciones patrimoniales no es un tema menor. Refleja un patrón de impunidad y evasión de responsabilidades que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
UNA PRUEBA PARA MORENA
Lo que está en juego no es solo la reputación de un senador, sino la credibilidad de todo un movimiento que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera. Morena deberá decidir si blindará a uno de sus cuadros más cercanos al presidente López Obrador o si permitirá una investigación seria y autónoma.
Hasta ahora, el silencio institucional y las respuestas evasivas no hacen más que alimentar la sospecha de que, en el fondo, la transparencia sigue siendo selectiva en la autollamada “Cuarta Transformación”.
Con información de El Financiero
