A diez años de la tragedia el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, justificando la falta de avances en la investigación. En su mensaje, leído durante la conferencia matutina, explicó que Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, un miembro del Cartel Guerreros Unidos, había colaborado como testigo protegido, pero que su falta de voluntad para seguir cooperando ha obstaculizado el progreso.
López Obrador, contradijo la Comisión de la Verdad, que en 2022 determinó que la desaparición fue un “crimen de Estado”, afirmando que no hay pruebas de la implicación del Ejército.
No obstante, mencionó que su administración ha procesado a 151 personas, incluidos militares, y criticó la liberación de 65 acusados por tortura, atribuyendo la responsabilidad a errores del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La carta llega en medio de protestas de activistas y familiares de los jóvenes, que continuarán hasta la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre.
AMLO compartió esta declaración, luego de que los padres de los normalistas desaparecidos lo acusaran de encubrir al Ejército y no cumplir con su promesa de resolver la desaparición, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en Guerrero, además de comprar sus acciones con las de Enrique Peña Nieto.
“Por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los ‘defensores’ de las madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército”, aseveró.
En el texto, de igual forma contradijo a la Comisión de la Verdad creada por su propio Gobierno, que determinó en 2022 que la desaparición de los 43 fue un “crimen de Estado”, en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluyendo Fuerzas Armadas.
“Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada”, apuntó.
CITA INTEGRA DE LA CARTA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A LOS PADRES DE LOS 43 DE AYOTZINAPA
Madres y padres de los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles sobre la búsqueda de sus hijos y el avance que logramos en éste propósito durante el tiempo que me desempeñé como presidente de México.
Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse con toda convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace 10 años, castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes.
Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión, desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación. Él constó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras.
Asimismo le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos, de esta forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos.
Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné y que permanece en la cárcel se le permitió ser trasladado a un penal distinto y ayudó, pero luego dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando, aún cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, también de policías municipales de Iguala, Cocula, y de autoridades locales que saben de lo ocurrido y que saben de la desaparición de los jóvenes.
Aquí conviene recordar que desde el principio de estos lamentables hechos se cometieron consiente o inconscientemente una serie de errores u omisiones que han complicado el esclarecimiento en Iguala yu conocer el paradero de los jóvenes.
Recordemos que el gobierno anterior quiso dar carpetazo al asunto construyendo la llamada “Verdad Histórica”, según la cual los jóvenes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, por los integrantes de Guerreros Unidos y con la complicidad de policías y autoridades locales. Esta versión fue sostenida por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y por Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, dicha conclusión fue parcialmente descalificada en particular por lo relativo a la incineración de los jóvenes en ese sitio, pues como fue probado por peritos en la materia resultó completamente falsa esa versión.
Además de esta irresponsable actitud, por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos e inclusive con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y padres de los jóvenes desaparecidos se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial, la cual, bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados esa sentencia posibilitó la liberación de 65 de ellos que habían detenido al principio, aunque algunos de los excarcelados sí habían sido víctimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes.
También resulta necesario recordar en éste punto que extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión que tomamos de solicitar órdenes de aprensión contra el procurador y miembros del ejército se opusieron rotundamente a dicha medida, hasta el punto que el fiscal especial renunció y la mayoría de los miembros de la comisión de la OEA se retiraron.
Asimismo conviene subrayar que con el paso del tiempo y por intereses políticos ajenos a la investigación tanto del país como del extranjero, comenzó a manejarse la versión por parte de “los defensores” de los madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del ejército, esta conjetura fue impulsada entre otros, por la pseudoperiodista Anabel Hernández, esta señora escribió un libro llamado “La verdadera noche de Iguala”, publicado en el 2016, en el cual se atrevió a afirmar sin ninguna prueba, que los estudiantes habían secuestrado, sin proponérselo, un camión con heroína con destino a Estados Unidos.
En un apartado de su libro titulado “Fue el ejército” cuenta así esta historia.
“La noche del 26 de septiembre de 2014 le informaron a un narcotraficante con un importante nivel de operaciones en Guerrero, quien se encontraba en Iguala, que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa iban a bordo de dos autobuses en los que se ocultaba un cargamento de heroína con un valor de al menos dos millones de dólares; los normalistas ignoraban que viajaban con la preciada carga y que su destino estaba ligado a ella”.
“Aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de heroína, la cantidad que transportaban los autobuses no era menor y no se podía permitir ese robo aunque fuera accidental; si lo toleraban, se perdería el orden en la plaza”.
“Si se mata por veinte mil dólares, ¿por dos millones? Es una manera de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y un tema de autoridad, si se permitía ese robo después habría más’, explicó un informante de credibilidad comprobada, con quien se sostuvieron varias reuniones a lo largo de quince meses durante esta investigación”.
“El narcotraficante en cuestión tenía al menos ocho años trabajando en la entidad; primero como colaborador de Arturo Beltrán Leyva, con el que traficaba droga a Estados Unidos —no como un subalterno sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más poder, aunque logró mantener un perfil discreto—, pero su nombre nunca se ha mencionado en las causas penales de otros integrantes de ese cártel, como Édgar Valdez Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez o Sergio Villarreal Barragán”.
“En 2009, cuando ultimaron a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias operaciones usando Guerrero como base: para el control de la zona tenía en su nómina a militares del 27 y 41 Batallones de Infantería, policías federales, policías ministeriales de Guerrero, policías federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra donde se siembra la amapola y se procesa la heroína”.
“Cuando le reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperara la mercancía a como diera lugar. El Ejército era la fuerza de seguridad que tenía mayor autoridad en la ciudad; tal vez el narcotraficante no dimensionó la magnitud del operativo para recobrar la droga”.
“Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo Ejército’, señaló la fuente de información enterada de los hechos”.
“De acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos”.
“Según habría contado el capo a sus conocidos de confianza, su gente no intervino en la operación, dejaron todo en manos de los militares. El mismo personaje desconocería el paradero final de los normalistas, pero alguien le informó que supuestamente habían llevado al menos a un grupo de estudiantes a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería”.
“Mi intención nunca fue que mataran a tanto cabrón, se excedieron, de haber sabido que iba a pasar eso…”, se habría quejado el capo, quien irónicamente no es ninguno de los detenidos por la PGR vinculados a la desaparición de los 43″.
“En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas elaborada por la DEA se afirma que la mayor parte de la heroína que se consume en Estados Unidos proviene de México y en menor medida de Colombia. Según la DEA, hasta 2015 Guerrero seguía siendo una plaza que controlaban el cártel de los Beltrán Leyva y sus socios, con una pequeña presencia del cártel de Sinaloa. Es significativo que en el reporte de esa agencia no existe una sola línea dedicada a Guerreros Unidos ni a los llamados Rojos, los únicos grupos en los que se enfocó la PGR en su investigación sesgada. El informante explicó que si bien las células criminales de Los Rojos y Guerreros Unidos tienen operaciones en Guerrero, son de poca escala y están por debajo del nivel de poder del capo en cuestión”.
Esta señora que maneja mucha información de la administración de control de drogas, DEA, falsa o verdadera según se lo ordenan, participó además como testigo en un tribunal de Estados Unidos para defender la solicitud de asilo del juez municipal Ulises Bernabé quien sostuvo que supuestamente esa noche los jóvenes nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala cuando hay testimonios formales que aseguran lo contrario, no obstante esa declaración dolosa fue aceptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el cual gestionó el asilo a dicha persona, a la irresponsable aceptación como verídicos de los testimonios de Ulises Bernabé y de Anabel Hernández de que el Ejército Mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes se sumó la siguiente aseveración textual de esa autoridad:
“Resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para realizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el Gobierno Federal Mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de éste horrible incidente”. Esto es parte de la sentencia de la Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Arizona, EEUU, en donde conceden el asilo al juez de Iguala.
Es importante aclarar que aún cuando no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, desde luego que se tiene que aceptar, castigar a los soldados, a los mandos y no permitir o tolerar impunidad de nadie. Como no hay una prueba directa que los soldados tuvieron que ver con la desaparición de los jóvenes, también por grabaciones de la DEA aparecen involucrados militares. Estaríamos hablando de posibles delitos de vinculación con la delincuencia organizada o porque esa noche salieron soldados del batallón que fueron a la comandancia, que fueron a un hospital aunque no participaron en la detención/desaparición de los jóvenes, sí pueden resultar responsables por el delito de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia contra los jóvenes.
Cabe señalar que en toda esta investigación realizada hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyos mandos y oficiales han coincidido conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia, porque entre otras razones, los actos ilegales por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional que debe ser baluarte del Estado democrático, justo, libre y soberano de nuestra República.
En consecuencia, por la presunta participación en la desaparición de los jóvenes se han procesado 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares, incluidos dos generales, y un elemento de la Marina, asimismo, se encuentran pendientes de ejecutar tres órdenes de aprensión más en contra de militares.
Con todo, lo más importante ha sido la búsqueda de los jóvenes, tarea a la que he dado mucha atención, por ejemplo les informo que los últimos dos años prácticamente he tomado la coordinación de éste lamentable suceso y una vez por semana me reúno con el gabinete de seguridad para estar pendiente de la investigación. Puntualmente les informo también que las secretarias de Gobernación y de Seguridad Pública, Luisa María Alcalde Luján y Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el subsecretario de derechos humanos, Arturo Padilla Medina han estado dialogado en las cárceles con los involucrados.
Hemos ofrecido recompensas, enviamos al Congreso una Ley de Amnistía que fue aprobada, destinada principalmente a garantizar protección y apoyo a informantes, sin embargo, hasta ahora ha sido poco lo alcanzado, aunque existe el ofrecimiento de los que ahora están detenidos y existe el ofrecimiento de ellos, de aportar en un futuro cercano, información para encontrar a los estudiantes desaparecidos.
Añado que durante nuestro gobierno la búsqueda en campo ha sido permanente, hemos explorado 858 sitios con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico más apropiado. Les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes y considero que éste vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca, es un expediente abierto y si nosotros no podemos esclarecer lo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia.
En el informe y los anexos que les hemos integrado viene una relatoría más detallada y datos que consideramos de interés para ustedes y para el pueblo de México.
Los abrazo.
