El gobierno de Estados Unidos recomendó a México frenar la complicidad de los policías en el tráfico de personas, ya que a pesar de las constantes acusaciones en 2016 no hubo ni un solo reporte de autoridades investigadas, detenidas o sentenciadas por este delito.
En su Reporte sobre Tráfico de Personas 2017, el gobierno estadunidense situó a México en la categoría TIER 2, por no “cumplir totalmente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico, a pesar de sus significantes esfuerzos para hacerlo”.
De acuerdo con el estudio, México logró en 2016 sentenciar a más traficantes e incrementó la ayuda para las víctimas de trata; pero “la complicidad de la policía continúa siendo un serio y gran problema que enfrentar”.
“A pesar de los persistentes reportes de complicidad oficial, las autoridades no han reportado ninguna investigación, detención o sentencia a funcionarios vinculados al tráfico en 2016; el gobierno no ha sentenciado por complicidad a un funcionario desde 2010”, dice.
Aseguró que algunos oficiales reciben sobornos para permitir la prostitución y la explotación infantil, además de que extorsionan a migrantes, operan burdeles y falsifican documentos de víctimas y las amenazan para inhibir las denuncias.
Por ello, el gobierno de Estados Unidos recomendó “incrementar los esfuerzos para detener la complicidad de los policías en el tráfico de personas mediante una efectiva persecución y severas sentencias”.
Además, pide al gobierno mexicano reforzar los programas de investigación contra el tráfico de personas y sentenciar a los acusados, especialmente a aquellos responsables de explotación laboral, así como la creación de una estrategia nacional que involucre a organismos internacionales y a la sociedad civil.
Pocos servicios para víctimas
El reporte indica que México tiene pocos servicios especializados para identificar y ayudar a las víctimas de trata, además de que los centros de ayuda son inadecuados para la magnitud del problema, lo que hace que las víctimas sean vulnerables a ser nuevamente traficadas.
Agregó que “el gobierno disminuyó los esfuerzos en materia de protección, por lo que identificó menos víctimas y proveyó limitados servicios especializados para la identificación de posibles víctimas de trata”.
También reportó que en 2016, el gobierno federal disminuyó el financiamiento para investigaciones y procesamientos, lo que impidió perseguir todos los delitos relacionados con el tráfico de personas.
