En un nuevo giro dentro de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este miércoles 14 de mayo a Lambertina G. M., ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero. Por su presunta responsabilidad en la destrucción de grabaciones consideradas clave para esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
La captura se llevó a cabo alrededor de las 08:00 horas. Justo, en la colonia Ruffo Figueroa de Chilpancingo, Y fue hecha por elementos de la Comisión Nacional Antisecuestros (Conase) y de la Agencia de Investigación Criminal. Lambertina, de 80 años, fue trasladada a instalaciones de la Policía Federal Ministerial en Guerrero para su evaluación médica. Posteriormente, fue ingresada a un centro penitenciario.
ACUSAN DESTRUCCIÓN DE EVIDENCIA FUNDAMENTAL
Según las investigaciones, Lambertina habría ordenado la eliminación de videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Los cuales presuntamente mostraban el momento en que los estudiantes fueron interceptados por policías municipales y presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Estas grabaciones han sido solicitadas durante años por familiares de los normalistas, abogados y organismos de derechos humanos. Quienes consideran que son piezas clave para reconstruir los hechos.
Durante su gestión como presidenta del TSJ, Lambertina declaró que las imágenes no tenían utilidad. Ya que, “solo habían captado manchas borrosas”. Versión que fue cuestionada por expertos y víctimas indirectas.
UNA DETENCIÓN EN UN CONTEXTO MÁS AMPLIO
Esta acción judicial se suma a una serie de detenciones y órdenes de aprehensión emitidas en los últimos años contra exfuncionarios de alto nivel. Entre ellos, el ex procurador de Guerrero Iñaki Blanco. En un esfuerzo por desmantelar la narrativa oficial conocida como la “verdad histórica”. La cual ha sido desmentida por nuevas pruebas e investigaciones.
En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) catalogó el caso como un crimen de Estado. Señalando que autoridades de distintos niveles —incluyendo elementos del Ejército— participaron directa o indirectamente en la desaparición forzada de los estudiantes. Así como en el encubrimiento posterior.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha insistido en la relevancia de los videos presuntamente destruidos, al considerar que estos podrían haber documentado el traslado de los estudiantes hacia el municipio de Huitzuco. Donde se presume fueron entregados a un jefe criminal conocido como “El Patrón”.
AVANZA LA JUSTICIA, A CASI 11 AÑOS DEL CRIMEN
La detención de Lambertina representa un avance significativo en el proceso de justicia que familiares, colectivos y organizaciones civiles han exigido desde hace más de una década. Aunque aún no se ha confirmado si enfrentará otros cargos, las autoridades señalaron que las investigaciones continúan abiertas y que no se descartan más detenciones en las próximas semanas.
El caso Ayotzinapa sigue siendo una de las heridas más profundas en la historia reciente de México, y su esclarecimiento continúa siendo una demanda central del movimiento por la verdad y la justicia en el país.
