El trágico suceso que tuvo lugar el 1 de octubre en Chiapas, donde seis migrantes fueron asesinados por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha generado un fuerte clamor por justicia y una exhaustiva investigación. La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado la nacionalidad de las víctimas. De las cuales, una es originaria de Honduras, otra de Perú y tres de Egipto. La identidad de una víctima más aún está pendiente de confirmación.
CONTEXTO DEL ATAQUE
De acuerdo con información proporcionada por la Sedena, los militares estaban llevando a cabo un reconocimiento terrestre en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla. En ese momento, detectaron un vehículo tipo pick-up que, al percatarse de la presencia militar, intentó evadirse. Detrás del pick-up se desplazaban dos camionetas de redilas, características de los grupos delictivos en la región. La Sedena afirma que, tras escuchar detonaciones, dos elementos militares dispararon, impactando a las personas dentro de las camionetas.
Como resultado del ataque, cuatro migrantes murieron en el lugar y dos más fallecieron posteriormente en el Hospital General de Huixtla. De los 33 migrantes a bordo de las camionetas, otros doce resultaron heridos. Así como 17 ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).
RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES
Los dos soldados responsables de los disparos han sido separados de sus funciones y están bajo investigación por parte de la FGR. La Fiscalía ha destacado que se están realizando las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades y aclarar los hechos. Se han enviado equipos de investigadores a la zona y se han solicitado datos adicionales al INM. Incluyendo la identificación de las placas de las camionetas involucradas.
El proceso de investigación se complica por el hecho de que los militares que dispararon también son objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar.
LLAMADO INTERNACIONAL Y REACCIÓN OFICIAL
La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha expresado su preocupación por el incidente. Haciendo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para que se establezcan vías legales de acceso y tránsito para los migrantes. La ONU-DH subrayó que es vital prevenir tragedias como esta, que reflejan los riesgos extremos que enfrentan los migrantes en su trayecto.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó profundamente el incidente y aseguró que “no se puede repetir una situación así”. En su conferencia matutina del 3 de octubre, Sheinbaum indicó que ha dado instrucciones al general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, para tomar medidas inmediatas y efectivas que eviten que un evento similar ocurra nuevamente.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
Este trágico episodio destaca la creciente violencia que enfrentan los migrantes en México, un país que ha visto un aumento significativo en el número de personas que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen. La crisis migratoria en la región es un fenómeno complejo que requiere respuestas coordinadas entre las autoridades locales, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad y los derechos de quienes buscan un mejor futuro.
El caso de los migrantes asesinados en Chiapas representa no solo un llamado a la justicia, sino también una oportunidad para replantear las políticas migratorias y de seguridad en México. Con el fin de crear un entorno más seguro y humano para aquellos que, a pesar de los riesgos, buscan cruzar el país en su camino hacia un nuevo hogar.
