El pasado viernes 7 de junio, una celebración privada se convirtió en un tema de interés público y político en Jalisco. El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Octavio Vidrio Martínez, celebró su cumpleaños en Tlajomulco de Zúñiga, pero el festejo trascendió por la presunta interpretación de narcocorridos dedicados al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
En un video difundido por el periodista Alex Domínguez y el diario Milenio, se observa al cantante Chicho Castro —reconocido por su estilo de corridos tumbados— interpretando canciones con referencias explícitas al CJNG ante un público que incluía legisladores y el alcalde Gerardo Quirino Velázquez.
Una de las canciones, “Que empiece el juego”, contiene líneas como:
“Un chingo de aparatos… CJNG pa’ ser más breve… del señor de los gallos somos gente”, lo que ha despertado fuertes críticas por hacer apología del crimen organizado en un contexto festivo y aparentemente sin censura.
Música, poder y contradicción: ¿Dónde queda el discurso oficial?
Este escándalo se da en un momento particularmente sensible en Jalisco. Apenas en marzo, el gobernador Pablo Lemus Navarro —también de Movimiento Ciudadano— firmó una orden ejecutiva para prohibir la presentación de artistas que glorifican la violencia y a grupos criminales en eventos públicos organizados por el Estado.
“Cualquier grupo o cantante que haya tenido antecedentes de apología del delito, no se podrá presentar en un espectáculo público patrocinado por el gobierno del estado. Eso se acabó”, declaró Lemus en su momento.
La ironía es evidente: mientras desde el Ejecutivo estatal se lanza una política de tolerancia cero a estos contenidos, uno de los diputados del mismo partido se ve involucrado en una fiesta con música presuntamente dedicada a una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
Un evento de alto costo y dudoso mensaje
El evento —según cálculos periodísticos— pudo haber costado más de 200 mil pesos, sumando la presencia del cantante Chicho Castro, cuyo espectáculo se cotiza entre 150 mil y 300 mil pesos. El artista, además, fue grabado sirviendo tequila directamente en la boca de los asistentes, una imagen que alimentó aún más la controversia en redes sociales.
A pesar de que la celebración fue privada, el impacto político y social ha sido considerable. Los críticos señalan que, al tratarse de un funcionario público, no se puede desvincular lo personal de lo institucional, especialmente cuando se está discutiendo una legislación para sancionar la apología del delito en espectáculos.
Reformas en puerta: ¿Realidad o simulación?
La diputada Brenda Carrera García, también de MC, presentó en abril una iniciativa para reformar el Código Penal de Jalisco, con el objetivo de imponer penas de hasta cuatro años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA’s a quienes promuevan la apología del crimen en eventos masivos.
Además, el legislador panista Julio Hurtado propuso que los municipios estén obligados a revisar el contenido de espectáculos antes de otorgar permisos. Estas propuestas pretenden frenar la normalización del narcotráfico en el entretenimiento público, pero casos como el del cumpleaños del diputado Vidrio generan dudas sobre la consistencia y seriedad del compromiso legislativo.
¿Cultura o apología? Un debate sin resolución
El escándalo revive el viejo debate sobre los narcocorridos: ¿son un reflejo de la realidad social o una forma de legitimación del crimen organizado? Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado una prohibición total del género, sí ha pedido que las letras eviten glorificar la violencia.
“No prohibimos un género musical, eso sería absurdo… queremos que las letras no hagan apología de la violencia”, afirmó la mandataria federal.
Sin embargo, en Jalisco, donde el CJNG tiene una fuerte presencia y control territorial, la relación entre música, poder político y criminalidad parece más que simbólica. La fiesta de Luis Octavio Vidrio se convierte así en un ejemplo incómodo de cómo los discursos oficiales pueden verse debilitados por actos privados con implicaciones públicas.
¿Y las consecuencias?
Hasta ahora, ni el diputado Luis Vidrio ni el alcalde Gerardo Quirino Velázquez han emitido declaraciones públicas sobre el evento. Tampoco se ha anunciado ninguna investigación interna en el Congreso estatal. Este silencio institucional contrasta con la firmeza de los discursos oficiales y refuerza la percepción de doble moral en el ejercicio del poder.
¿Será este caso un punto de inflexión para que el Congreso de Jalisco tome más en serio sus propias propuestas contra la apología del crimen? ¿O pasará como uno más de los muchos escándalos que no trascienden el umbral del escándalo mediático?
El tiempo, la presión ciudadana y los medios lo dirán. Pero lo que ya está claro es que la lucha contra la narco-cultura no solo se libra en el escenario: también debe empezar en las filas del propio gobierno.
