El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, subrayó la necesidad de que el país cuente con un ordenamiento jurídico para el agua con perspectiva de derechos humanos, que favorezca el acceso y disposición del vital líquido y su saneamiento.
Destacó que también se debe garantizar que las necesidades domésticas de todas las personas, familias y comunidades tengan preminencia sobre los usos industriales, comerciales o de otra naturaleza.
En un mensaje videograbado con motivo de la presentación en Ginebra, Suiza, del Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento; el ombudsman nacional externó su inquietud por la reducción del presupuesto público destinado a los servicios de agua y saneamiento.
Al respecto, precisó que remover obstáculos para el ejercicio de esos derechos requiere la estrecha colaboración de todas las autoridades del país, destinatarios de los servicios y sociedad civil.
Tras señalar que es incuestionable la interdependencia entre los derechos al agua y al saneamiento con los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano, González Pérez expresó su confianza en que todas las recomendaciones consignadas en el Informe sean atendidas con prontitud.
