En 2016, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) contrató trabajadores outsorcing, servicios médicos y de vigilancia sin justificar si eran necesarios y sin realizar licitaciones ni contratos. Incluso sin saber si las dependencias a las que contrataba contaban con la capacidad para realizar los trabajos.
Las irregularidades en la contratación de estos servicios suman 501 millones 467,900 pesos, de acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016.
La mayor cantidad gastada del rubro presupuestal Erogaciones por Servicios Generales, fue para la contratación de empresas de outsorcing por 383 millones 447,100 pesos.
Esta cantidad corresponde solo al gasto realizado por Bansefi durante 2016, pues la institución tiene un contrato abierto plurianual con cuatro empresas de outsorcing por un importe mínimo de 579 millones 177,400 pesos y un máximo de 1,401 millones 693,400 pesos para ejercerse de 2015 a 2018.
De acuerdo a la ASF, el personal contratado atendería los programas de distribución de apoyos de gobierno, como Prospera, Adultos Mayores 70 y Más y otros, ya que el Bansefi participa en la entrega de los apoyos económicos.
Sin embargo, ni en la justificación del gasto ni en el contrato se detallan la cantidad de personas que se requería contratar, ni las áreas en las que prestarían los servicios, “por lo que no se tiene la certeza de que los pagos hechos en el ejercicio 2016, se hayan realizado al personal necesario para la operación del Bansefi”, concluye la Auditoría.
Por estas irregularidades, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que Bansefi investigue y sancione a los servidores públicos que no justificaron la contratación de personal de outsorcing.
Adjudicaciones directas
Bansefi también contrató a 13 dependencias de gobierno por adjudicación directa para realizar servicios de seguridad, vigilancia y custodia de valores de sus sucursales en varios estados por 65 millones 853,600 pesos.
Algunas de las dependencias contratadas fueron Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit; el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; el Ayuntamiento del Municipio de Pinos, Zacatecas; la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo y el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado De México, entre otras.
Estas adjudicaciones se realizaron fundamentadas en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que permite hacer convenios entre entidades de gobierno para contratar servicios y así evitar burocracia.
Sin embargo este esquema ha sido utilizado para desviar recursos, como lo documentó Animal Político en el reportaje La Estafa Maestra, pues los supuestos servicios no pueden ser cumplidos por las entidades contratadas.
La Auditoría concluyó que Bansefi no pudo demostrar que solicitó a las dependencias la documentación que acreditara que contaban con la capacidad técnica, material y humana para el cumplimiento de los contratos.
Irregularidades en asesorías, vigilancia y servicios médicos
La ASF también encontró irregularidades en los procedimientos de adjudicación de contratos por 52 millones 117,200 pesos en tres rubros.
Bansefi contrató a tres prestadores de servicios de vigilancia para sucursales en Tlaxcala, Puebla y Veracruz por un monto de 246,900 pesos, a través de una adjudicación directa.
Esta cantidad superó el equivalente a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que, de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Bansefi debía realizar una investigación de mercado y conseguir al menos tres cotizaciones del servicio que requería.
La institución pagó los servicios de seguridad sin realizar algún procedimiento de adjudicación, “por lo que no se evidenció la forma en que se seleccionó al prestador de servicios”, dice la Auditoría.
Bansefi “no justificó la razón por la cual no se realizó procedimiento de adjudicación alguno, ni se elaboraron los respectivos contratos”, añade.
El Banco también contrató asesorías en información económica y financiera por un periodo de 10 meses (del 5 de febrero al 8 de diciembre de 2016) con un costo de 320,800 pesos, como apoyo para el Subcomité de Inversiones.
Pero Bansefi no realizó procedimiento de adjudicación y no contó con la justificación ni la formalización de un contrato que especifique los servicios profesionales contratados.
De enero a diciembre de 2016, Bansefi erogó 51 millones 549,500 pesos en servicios médicos, medicinas, hospitales y clínicas, para su personal activo, pensionado y jubilado y sus derechohabientes, cuyos centros de trabajo se encuentran en la Ciudad de México y Área Metropolitana.
Aquí también contrató los servicios sin un procedimiento de adjudicación que le garantizara las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
En los casos en los que el costo de los servicios no superó el equivalente a 300 veces la UMA, Bansefi no celebró ningún contrato “por lo que no se tuvo certeza jurídica de que el proveedor garantizara el cumplimiento de las obligaciones exigibles”.
Bansefi otorga los servicios médicos a través de dos planes: Plan Bansefi Directo y Plan Bansefi Principal, en este la Auditoría encontró inconsistencias en 3,454 facturas por 51 millones 72,200 pesos.
Entre las irregularidades están que los recibos no tienen las firmas que avalen que el trabajador recibió los medicamentos, no se sabe la identidad del trabajador que recibió el servicio, no se incluyó en nombre del paciente, o los comprobantes de pago no contaron con evidencia de que se recibió el servicio, entre otros.
La ASF señaló que estas irregularidades se deben a que Bansefi “carece de políticas que establezcan los requisitos y periodos para la comprobación de los servicios, y de procedimientos para la elaboración de los tabuladores de precios de medicinas y servicios médicos, que sirvan de referencia para el reembolso de los gastos médicos de sus trabajadores”.
