El Partido Acción Nacional (PAN) anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabiliza de presuntos crímenes de lesa humanidad derivados de la estrategia de seguridad implementada durante su administración.
El anuncio fue realizado por el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, quien sostuvo que la acción busca que organismos internacionales investiguen las consecuencias de la política de seguridad resumida en la frase “abrazos, no balazos”, uno de los principales ejes discursivos del sexenio pasado.
LA VIOLENCIA, EJE CENTRAL DE LA ACUSACIÓN
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Acción Nacional argumentó que la denuncia está sustentada en los altos índices de violencia registrados en el país durante los últimos años.
Según el partido, la estrategia gubernamental coincidió con cifras que incluyen más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, miles de masacres, desplazamientos forzados y una creciente presencia del crimen organizado en diversas regiones del país.
“Queremos que se investigue la responsabilidad de quienes permitieron que en México llegara una de las peores crisis de violencia en toda su historia”, sostuvo el PAN en su posicionamiento público.
ACUSAN OMISIÓN FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO
La dirigencia panista afirmó que la crisis de seguridad no fue resultado de circunstancias aisladas, sino de decisiones políticas adoptadas desde el poder.
“La tragedia que vive México no es producto de la casualidad, sino consecuencia de una decisión política perfectamente sistematizada”, señaló el partido.
Asimismo, sostuvo que la estrategia de seguridad permitió el fortalecimiento de organizaciones criminales en distintas zonas del país.
“Cuando el Estado deja de combatir a los cárteles, éstos acumulan dinero, armas, territorio e influencia”, argumentó Acción Nacional.
SEÑALAMIENTOS CONTRA GOBERNADORES DE MORENA
Como parte de su mensaje, el PAN también mencionó a diversos gobernadores emanados de Morena, señalando que existen acusaciones e investigaciones que apuntan a presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales.
Entre los nombres citados se encuentran los mandatarios estatales de Sinaloa, Michoacán, Sonora y Tamaulipas.
Sin embargo, hasta el momento no se han presentado resoluciones judiciales firmes que acrediten responsabilidad penal contra los funcionarios mencionados.
CUESTIONAN AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES
El partido opositor justificó acudir a organismos internacionales bajo el argumento de una presunta falta de independencia en las instituciones nacionales encargadas de procurar e impartir justicia.
Según el PAN, las condiciones actuales dificultan que una investigación de esta naturaleza pueda desarrollarse plenamente dentro del país.
“Nadie, ni siquiera un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe estar por encima de la justicia y de la ley”, expresó Jorge Romero.
UN DEBATE QUE TRASCIENDE LO JURÍDICO
La denuncia abre un nuevo capítulo en la confrontación política entre Morena y la oposición, en un contexto donde la seguridad pública continúa siendo uno de los temas más sensibles para la población.
Más allá de los alcances jurídicos que pudiera tener el recurso presentado ante la Corte Penal Internacional, especialistas han señalado en diversas ocasiones que este tipo de procedimientos requieren elementos probatorios sólidos y complejos procesos de análisis antes de que una investigación formal pueda prosperar.
Por ahora, la denuncia coloca nuevamente en el centro del debate nacional los resultados de la estrategia de seguridad aplicada durante el sexenio de López Obrador y la responsabilidad del Estado frente a la crisis de violencia que persiste en distintas regiones del país.
