Reinserta condena la corrupción en los centros penitenciarios privados que llegan al grado de cobrar 6 mil 400 pesos al día por interno, cuando las condiciones de vida y alimentación no superan los 500 pesos, pero exige una regulación equitativa para todas las cárceles del país, pues considera que reflejan el olvido al que las han condenado las autoridades. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la cancelación de los contratos abusivos en ocho centros penitenciarios privados la asociación civil Reinserta hizo un llamado a implementar medidas eficaces en favor de la reinserción social en favor de la paz de México, no sólo a condenar el pasado.
COMUNICADO:
Las APP son una respuesta al olvido del Estado Mexicano a sus cárceles.@SEGOB_mx @lopezobrador_ @rosaicela_ @SSPCMexico pic.twitter.com/MsnfkWI1qp
— Reinserta (@Reinserta) January 13, 2021
En ese sentido, explicó que las Asociaciones Público Privadas (APP) son una respuesta al olvido del Estado mexicano a sus cárceles, pues en ellas se ve reflejado el olvido en su infraestructura, en el hacinamiento y condiciones de vida de las personas privadas de la libertad; en algunas de ellas las últimas mejoras se realizaron hace más de 20 años.
“Esta inacción gubernamental se ha traducido en corrupción tanto en el exterior como al interior de estas cárceles”, dijo. “Celebramos que el gobierno federal centre su atención en este tema, pues existe en algunos casos una inflación de mil 500 por ciento en los precios y cuya asignación de recursos fue por adjudicación directa, en negociaciones lideradas en algunas ocasiones desde la Secretaría de Gobernación”.
De acuerdo con Reinserta, las Asociaciones Público Privadas actualmente proveen solo alimentos, uniformes, mantenimiento y transporte; por lo que no es un esquema 100 por ciento privado, existe una importante participación gubernamental.
Además, las App que operan en el Sistema Penitenciario (PROCEDEX, GIA, Grupo CARSO, Fondo Blackrock y Exi Quantum) son una respuesta al olvido gubernamental de sus cárceles. Donde existen fallas, negligencias y un actuar limitado del Estado, los privados ven una oportunidad de operar.
En su opinión atacar la corrupción exige también voltear la mirada al propio actuar estatal al interior de sus cárceles; por ejemplo, el Centro de Topochico en Nuevo León operaba en la impunidad, las extorsiones, secuestros y otro tipo de ilícitos generaban de 1 a 3 millones de pesos a la semana. “Hoy existen en México, cárceles con autogobierno que requieren del actuar de las autoridades para incidir en la seguridad de nuestro país”, aseguró.
Ante ello, Reinserta recomendó que para empezar el análisis de la realidad de las diferentes prisiones no debe partir de una comparación de Centros de Reinserción Social locales con los Centros Federales pues la infraestructura, los mecanismos de seguridad y la vigilancia son completamente distintos. Indicó que es urgente legislar en materia de clasificación criminológica, pues no se puede permitir que delincuentes altamente peligrosos vinculados a la delincuencia organizada cumplan su pena en cárceles estatales y en las áreas de influencia de sus grupos criminales; por lo que
“recomendamos que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social litigue los amparos a efecto de regresar a los perfiles de alta peligrosidad a los penales federales”.
