Una tregua vive la población ubicada en el Valle Eteco luego de que se reavivara la disputa por el control político a más de 10 años de la crisis social generada a raíz de la llegada de la minera Cuzcatlán.
“Desconocemos el motivo por el cual, el presidente municipal pretende revivir a los muertos y generar un nuevo conflicto, al amagar con recuperar el Palacio de forma violenta”, relata Bernardo Vásquez, representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).
Reconoce que por parte de los opositores a la operación de la mina en la población enclavada en el Valle Eteco ha privado la sensatez y la cordura, al no caer en confrontación con las autoridades.
“Nos preocupa que las arengas del presidente deriven en una confrontación que eleve el clima de violencia en San José, derivado del proyecto minero San José”, dice el portavoz de los inconformes.
Vásquez admite que no están negados a llegar a acuerdos con la mediación del gobierno el estado para devolver el palacio municipal, pero no por la fuerza o con amenazas como se pretendía llevar a cabo.
“Les advertimos a las autoridades estatales que la situación (el llamado del edil Mauro Díaz a recuperar el Palacio) podría generar un enfrentamiento en la población y poner en riesgo la integridad de mujeres y hombres de la comunidad y afortunadamente atendieron”, dice.
Tejido social, sigue fracturado
Bernardo Vásquez recuerda que la CPUVO, mantiene tomado el Palacio Municipal desde 2009, fecha en que Fortuna Silver Mines se impuso en la comunidad con el proyecto minero, pero hasta el momento el tejido social sigue dañado.
“Acordamos seguir en la mesa para que se atiendan puntos que pasan por la justicia para los familiares de los dos compañeros asesinados y acuerdos de carácter social, además de no tratar de imponer voluntades”, advierte.
En la comunidad regida bajo el sistema de usos y costumbres hasta ayer prevalecía la calma en sus calles y en las cercanías del Palacio Municipal y la sede alterna que utiliza el edil Servando Díaz, localizada a escasos 200 metros.
Sin embargo, hombres y mujeres transitan frente a la sede del Poder Municipal con cierto cuidado, toda vez que la víspera se corrió el rumor de que la gente del edil recuperaría el inmueble en poder de los “Anti Minas”, lo que puso en alerta a la población.
A unos metros, una patrulla de la Policía se mantiene apostada en el Palacio Municipal con escasos elementos para buscar contener o disuadir cualquier riesgo de confrontación violenta entre ambos bandos.
El portavoz de la Coordinadora urgió a las instancias estatales cumplir con las medidas cautelares, debido al conflicto derivado del proyecto minero (Rosalinda Dionicio Sánchez, Hilario Ignacio Vásquez Gómez, Ivon Vásquez Hernández).
Privilegiar diálogo, recomienda la DDHPO
Ante la problemáticia, la defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca lanzó un llamado a las autoridades y a los pobladores de San José del Progreso para que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo.
El organismo pidió a ambos grupos mantener la tranquilidad, evitar actos de violencia y buscar resolver sus diferencias mediante el diálogo pacífico, recurriendo a la mediación de las autoridades estatales.
La Defensoría llamó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del estado a garantizar la integridad física y psicológica de toda la población, pues recordó que por anteriores actos de violencia dos personas de la población han perdido la vida y actualmente hay tres integrantes del CPUVO que son protegidos con medidas cautelares.
En seguimiento del expediente DDHPO/CA/0918/(16)/OAX/2015, el organismo defensor solicitó a los titulares de la SSP y la Fiscalía, reforzar las medidas cautelares para los tres integrantes del CPUVO en riesgo, mediante recorridos y vigilancia a favor de los cautelados.
A pesar de buscar al presidente municipal Servando Díaz en las oficinas alternas, los regidores presentes evitaron realizar declaraciones al respecto, al sostener que “hay diálogo con la otra parte”.
Mientras que la autoridad municipal señalada por la CPUVO de buscar la confrontación, alegó estar en reuniones y no tener el tiempo para dar a conocer su opinión sobre la situación social y política que guarda San José del Progreso, Ocotlán.
Piden atender afectaciones por derrame en presa de Jales
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la nueva administración del gobierno federal que atienda por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Secretaría de Agricultura (SA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las afectaciones ocasionadas en el río Coyote por el desbordamiento de la presa de Jales perteneciente a la empresa minera Cuzcatlán.
Dicho desbordamiento afectó al río Coyote, el cual atraviesa las comunidades zapotecas de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, San Felipe Apóstol, La Barda Paso de Piedra y San Pedro Apóstol, expuso el organismo.
La Defensoría detalló que los habitantes de dichas comunidades señalaron que a más de tres meses del desbordamiento de la presa de Jales, ocurrido el 8 de octubre, las autoridades no han dado una respuesta adecuada respecto a la contaminación del río Coyote.
El afluente del río afectado es de suma importancia para esos pueblos, ya que utilizan sus aguas para consumo humano, actividades agrícolas y ganaderas, por lo que el desbordamiento de la presa de la mina generó gran alarma y preocupación, ya que las aguas del río presentaron un color blanquecino.
El organismo defensor exhortó a que las autoridades federales y estatales generen sin demora las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las personas que viven en estas comunidades indígenas del Valle de Ocotlán, Oaxaca.
Cuestionó que la Secretaría Estatal de Energías, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), cuyo representante señaló no tener jurisdicción en el ámbito federal y las demás instituciones federales (Semarnat, Conagua y Profepa) respondieron mediante oficios que la problemática referente a la probable contaminación de las aguas del río Coyote no era asunto de su competencia institucional.
