Luego de una serie de protestas, las comunidades de Yutazaní, La Sabana, Tierra Blanca y Llano de Juárez, pertenecientes a Santiago Juxtlahuaca, llegaron a acuerdos con el gobierno municipal.
La demanda de las comunidades era la entrega de los ramos 28 y 33 correspondiente a dichas comunidades, de los años 2018, 2019 y 2020, que estiman en un aproximado de 10 millones de pesos.
Para ello, las agencias pugnaron por la vía jurídica, demandar al Ayuntamiento ante la Sala Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, para reclamar los recursos económicos, informó Nayeli Domínguez Flores, presidenta del comité de gestión de las cuatro comunidades triquis.
Dio a conocer que esto ha significado que las obras públicas para estas comunidades estén estancadas, lo que recrudece la ya difícil situación de los pobladores de esta parte de la Mixteca.
Nicolás Feria Romero, edil de Santiago Juxtlahuaca, dijo no compartir las descalificaciones y lo manifestado por las autoridades auxiliares donde señalan al Ayuntamiento de no querer pagar o entregar los recursos municipales a las agencias citadas.
También informó que las autoridades de las comunidades inconformes no están debidamente acreditadas ante el gobierno municipal, por lo que los exhortó a hacerlo para que puedan participar en la priorización de obras 2021, donde se recibirán sus proyectos y obras a priorizar.
Las comunidades realizaron protestas en el municipio y en la Casa Oficial de Gobierno, ubicada en avenida Juárez, el pasado 17 de noviembre, a raíz de la cual se había acordado realizar una reunión con el titular de la Secretaría General de Gobierno y el edil de Santiago Juxtlahuaca.
Al no efectuarse, el lunes 7 de diciembre se repitió la protesta en la capital del estado; después se realizó la reunión en instalaciones de la Segego, el martes pasado.
A raíz de ello, ambas partes acordaron que, a partir del año 2021, el gobierno municipal comenzará a otorgarles los recursos que les corresponda a las autoridades. Con respecto a los que competen a los años 2018, 2019 y 2020, las partes esperarán la resolución de la Sala Indígena y el Tribunal Superior de Justicia.
