El 2 de mayo, de manera arbitraria y ventajosa, la suspendieron del cargo de síndica hacendaria que asumió desde el 2023 y que obtuvo como cuota de la agencia de Santa Catarina Cuanana.
El 29 de abril pasado, en Cuanana permaneció el presidente municipal Cristino Ramírez Chávez y 7 concejales de su cabildo en una asamblea permanente por más de 3 días, por el tema de la exigencia de las participaciones municipales.
“De este hecho me culpan a mi, me dicen que con mi agencia planeamos la retención del edil y de mis compañeros de cabildo, pero no fue así. Tampoco se dieron agresiones contra ellos como quisieron dar a conocer. Hubo comida, medicinas y atención”, dijo.
No obstante, después de la culminación de esta asamblea donde Yosondúa se comprimetió a entregar una cantidad mensual de 40 mil pesos a la agencia, a la síndica la intimidaron y las acciones la obligaron a salir de la cabecera municipal en la madrugada para poner a salvo a sus hijos.
“Cuando llegamos a Yosondúa, me di cuenta de actitudes de desprecio y cuando ya me iba ir a mi casa, llegaron los policías con el regidor de educación a citarme a la cocina municipal, yo pensé que era para ofrecernos comida, pero fue ahí donde me exigieron el sello y las llaves de mi oficina donde tengo las cosas”, denunció.
Desde ese momento, Isea Hernández sintió temor porque le hicieron creer que la gente estaba en contra de ella y que la estaban responsabilizando de los hechos ocurridos en su agencia con la autoridad municipal.
Fue el regidor de educación, Carlos Osorio Bautista, quien le dijo que “de acuerdo a las asamblea que habían tenido agentes, la autoridad agraria y personas caracterizadas, yo tenía que entregar mi sello, mi radio y mis llaves de la sindicatura”, narró.
Bajo la presión del momento, entregó las cosas y después, decidió salir como pudo de Yosondúa, en donde vivía provisionalmente por pertenecer a la autoridad municipal porque Cuanana se encuentra a más de una hora de distancia y el transporte es escaso.
Hernández García dijo que durante mucho tiempo fue víctima de actitudes machistas y misóginas de la autoridad municipal.
“Fue la peor humillación que me pusieron haber hecho, no me dieron derecho a hablar, de explicarles. Mis compañeros, primero me dijeron que me iban a proteger, pero fue un engaño para manipular y quitarme de mi cargo”, señaló la síndica.
Ahora, oficialmente sigue como parte de la autoridad y se deslindó del uso que le puedan hacer de la firma electrónica y de los trámites en la sindicatura a la que no ha regresado desde el 2 de este mes.
La mujer indígea presentó queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), además de acudir a la Fiscalía General de Oaxaca y al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) para que se le restituyan sus derechos políticos.
Asimismo, pidió la intervención del gobierno estatal para que haya condiciones para su retorno.
