De 10 mil hasta 30 mil pesos para el trámite de pasaporte mexicano y de visa estadunidense, es el cobro que realizan empresas, organizaciones o presuntos reclutadores que operan en la entidad de manera ilegal, en las comunidades de mayor expulsión de migrantes.
Aunque no hay denuncias por esta forma de operar, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) sí ha detectado que este tipo de acciones se realizan en el último mes y el primero de cada año, cuando personas buscan emigrar en busca de un mejor empleo.
La directora del IOAM, Aída Ruiz García, explicó que los tipos de visas que ofrecen con mayor frecuencia para realizar el trámite a cambio de dinero es la H-2A, que corresponde a trabajadores agrícolas y la H-2B, para trabajadores temporales no agrícolas que laboran eventualmente cuando no hay en el país mano de obra desempleada que pueda prestar esos servicios.
Refirió que por esta práctica, la dependencia mantiene esta alerta de forma permanente en los municipios de mayor expulsión de migrantes, a través de las autoridades municipales y enlaces de migrantes, quienes son el vínculo con la población.
Durante 2017 el IOAM no atendió quejas o denuncias sobre estos hechos, pero hubo reportes ciudadanos de personas originarias de Miahuatlán de Porfirio Díaz y Huajuapam de León, quienes informaron que supuestos gestores habían realizado el trámite de visas con destino a la Unión Americana.
La funcionaria explicó que para detectar si dicho trámite realizado por alguna empresa, reclutador o gestor puede resultar en un fraude, las personas deben considerar si estos se instalan en las cabeceras municipales de los municipios con un alto índice migratorio, ofreciendo sus servicios a través de la radio, revistas, periódicos o volantes, y redes sociales, prometiendo visas de trabajo para los Estados Unidos a cambio de una suma económica.
Así también, si aseguran ser intermediarios ante las embajadas y ofrecen la entrega de visas de trabajo una vez que se alcancen cierto número de solicitantes.
Señaló que una vez que han alcanzado cierto nivel de confianza de los interesados y asegurado un número determinado de solicitudes y dinero, desaparecen sin aviso previo, migrando a otros estados o municipios.
