Un nuevo conflicto interno brotó en el ayuntamiento de San Antonio de la Cal, luego de que el edil, Eliseo Méndez Martínez, desconociera a cuatro concejales, ordenara suspender el pago de sus dietas e impedirles el acceso a sesiones de cabildo y oficinas.
Al respecto, el regidor de Vialidad, Mauro Martín García, lamentó que sea la propia autoridad quien se niegue a respetar el fallo del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), quien le ordenó liberar los pagos correspondientes.
En entrevista, manifestó que la molestia del presidente municipal electo bajo el sistema de usos y costumbres, tiene que ver con la demanda que ha hecho sobre la aplicación de recursos públicos a lo largo del año.
“Llevamos cuatro meses sin sueldo, ya ganamos el juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano en el Tribunal y la autoridad se niega a dos cosas: pagar los sueldos caídos y luego a regresarnos las oficinas”, detalló.
Añadió que al año, el presidente municipal electo bajo el lema “rescatemos nuestros usos y costumbres”, recibió como presupuesto en 2017 la cantidad de 48 millones de pesos y de recursos federales otros 12.5 millones de pesos, en total manejó 60.5 millones de pesos”.
Sin embargo, denunció que en el municipio conurbado a la capital no hay obras de impacto social, ni mucho menos servicios públicos y programas de apoyo a la ciudadanía, por lo que exigió una auditoría por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
Incluso externó que el Alcalde de la comunidad, Omar Cuevas, carece de apoyo por parte de la autoridad municipal y sus concejales aliados, al dar la espalda al Comité de la Iglesia, debido a que se niega a cooperar para las festividades.
“En el cabildo de San Antonio de la Cal prevalece el abuso de poder, del que tanto se quejó en su momento Eliseo Méndez Martínez, pero ahora se lo aplica a sus propios compañeros de cabildo y ciudadanos”, lanzó.
Afirmó que desde agosto de 2017 no le han pagado, por ello se inició un juicio en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca expediente JDCI/153/2017, y en sentencia firme se ordenó pagarle 44 mil 400 pesos.
Dijo que junto a la directora del DIF municipal, María Modesta Ortiz Venancio, de forma retadora ha dicho que jamás le pagarán, porqué en su pueblo sólo se obedecen sus órdenes y de ningún otro funcionario así sea del Tribunal Electoral.
Pidió al organismo de fiscalización auditar los recursos toda vez que se han mencionado gastos inexistentes, como el gasto de 56 mil pesos por la entrega–recepción, cuando en realidad no hubo tal, aunado a gastos de la Feria de la Tlayuda por 465 mil 200 pesos.
