Veinte integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Coatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca, fueron señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de oposición a la ejecución de obra pública relacionado con la supercarretera Barranca Larga–Ventanilla.
El caso ha generado fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran las investigaciones como un acto de criminalización contra personas indígenas que defienden su territorio y exigen el cumplimiento de acuerdos comunitarios.
DENUNCIAN USO DEL SISTEMA PENAL CONTRA DEFENSORES
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi) aseguró que las carpetas de investigación fueron promovidas tras denuncias relacionadas con hechos ocurridos el 6 de junio de 2025.
La organización afirmó que las investigaciones alcanzan a seis mujeres y catorce hombres integrantes del comisariado y de la comunidad.
En el pronunciamiento, Cedhapi sostuvo que:
“La criminalización de defensoras y defensores del territorio en Oaxaca es un problema grave y persistente”, al acusar el uso del sistema penal para “hostigar, detener y desmovilizar” a quienes defienden tierras y recursos naturales.
EL CONFLICTO DETRÁS DE LA SUPERCA RRETERA
La disputa está relacionada con compromisos presuntamente incumplidos derivados de la construcción de la autopista Barranca Larga–Ventanilla, obra iniciada en 2008 y retomada años después hasta su conclusión en 2024.
Según el boletín difundido por defensores comunitarios, autoridades federales, estatales y la empresa constructora habrían realizado acuerdos con comunidades de la región que posteriormente no fueron cumplidos.
Entre los compromisos señalados se encuentra el aprovechamiento de madera derivada de trabajos carreteros en el paraje conocido como “El Limar”.
ENFRENTAMIENTO ENTRE COMUNIDADES DEJÓ MUERTOS
Uno de los episodios más graves relacionados con el conflicto ocurrió el 23 de marzo de 2025, cuando habitantes de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán se enfrentaron violentamente.
De acuerdo con el pronunciamiento, varias personas murieron y otras resultaron heridas.
Las organizaciones atribuyen el conflicto a la falta de comunicación y coordinación sobre acuerdos relacionados con recursos forestales derivados de la obra carretera.
ACUSAN INCUMPLIMIENTO DE AUTORIDADES Y EMPRESA
El comité comunitario sostiene que hasta ahora continúan pendientes diversos compromisos asumidos por autoridades y empresas responsables de la autopista.
“Actualmente el gobierno federal… y la empresa COCONAL no han cumplido con diversos compromisos establecidos con los habitantes de San Francisco Coatlán”, señala el documento.
También afirman que las investigaciones contra comuneros buscan “someter a la comunidad”.
PIDEN CANCELAR INVESTIGACIONES
Ante este escenario, organizaciones y representantes comunitarios exigieron la cancelación de las carpetas de investigación abiertas contra los comuneros.
Entre sus principales demandas destacan:
- Cancelación de las investigaciones federales
- Respeto a los acuerdos comunitarios
- Cumplimiento de compromisos relacionados con la obra carretera
- Respeto al Acuerdo de Escazú sobre defensores ambientales y territoriales
UN CONFLICTO QUE REFLEJA TENSIONES EN OAXACA
El caso vuelve a exhibir las tensiones recurrentes entre megaproyectos de infraestructura y comunidades indígenas en Oaxaca, donde conflictos territoriales, promesas incumplidas y disputas agrarias frecuentemente derivan en confrontaciones sociales y procesos judiciales.
Finalmente, especialistas en derechos humanos han advertido que varios proyectos carreteros y extractivos en el estado han generado escenarios de desgaste comunitario, particularmente en regiones indígenas donde las asambleas comunales mantienen control sobre tierras y recursos naturales.
