El magistrado expuso que en este caso, los pobladores de esta agencia municipal no han sido oídos, ni juzgados, ni vencidos en juicio ante el TUA. “Este Tribunal a mi cargo sólo realiza ejecuciones sobre las partes que figuran en los expedientes y que han sido oídas, juzgadas y vencidas en juicio, y en el expediente 414/2014 los pobladores de Tilzapote no figuran como partes, son ajenas al juicio”.
“En este expediente solo figuran como partes la comunidad de San Francisco Cozoaltepec y los propietarios que fueron amparados y protegidos por el Juzgado Séptimo de Distrito, amparo número 598/2013 y el Juzgado Primero de Distrito, amparo número 1226/2017, del Poder Judicial de la Federación”.
No obstante, el magistrado denunció que el Tribunal a su cargo ha sido presionado reiteradamente por el Juzgado Primero de Distrito para que intervenga en contra de los pobladores de Tilzapote mediante acuerdos del Juzgado que no se pueden acatar por ser ilegales, contrarios a la Constitución y al debido proceso, ya que los pobladores de Tilzapote no son parte del Juicio de Exclusión.
“Pretende el Juzgado Primero de Distrito obligarme a incurrir en abuso de autoridad, mi negativa a tal pretensión generó el acuerdo de una multa por la cantidad de $26,180,00 (Veintiséis mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), impuesta por el Juzgado Primero de Distrito, que impugné por ilegal, y no obstante que la multa no ha sido declarada de legal, el Juzgado de referencia ha ordenado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que la haga efectiva en contra de mi patrimonio”.
Reiteró que en relación a los pobladores de Tilzapote, el Tribunal Agrario sólo ha actuado procesalmente en cumplimiento de ejecutorias del Juzgado Séptimo de Distrito y del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que han amparado y protegido a los propietarios.
“Nuestra lucha es y ha sido siempre contra la corrupción, garantizamos eficiencia y transparencia en el Tribunal Agrario Distrito 21, preciso y reitero que en el caso relacionado con Tilzapote, el Tribunal Agrario a mi cargo sólo ha intervenido en cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial de la Federación”, expuso el magistrado Luis Modesto Ponce de León Armenta
Manifestó que lo más grave del caso, amparo número 1226/2017, “es la pretensión de propietarios y Juzgado Primero de Distrito de disponer de $4,767’104,087.43 (Cuatro mil setecientos sesenta y siete millones ciento cuatro mil ochenta y siete pesos 43/100 M.N.), de recursos públicos mediante la figura del lncidente de Ejecución Sustituta, que no debió haberse admitido porque no existe imposibilidad material de ejecución de la sentencia y de la ejecutoria en sus términos”.
“El Juzgado Primero de Distrito negó al Tribunal Agrario Distrito 21 concluir el proceso de ejecución ya iniciado en los términos de la sentencia y de la ejecutoria, en las mismas fechas en que admite el incidente de ejecución sustituta, notoriamente improcedente, mismo que se substanció irregularmente y se resolvió por el Juzgado Primero de Distrito, ordenando al Tribunal Agrario Distrito 21 la entrega a los propietarios de $4,767’104,087.43, en sustitución de la entrega de sus tierras, resolución contraria a Derecho que el Tribunal a mi cargo ha impugnado mediante Recurso de Queja, el que está bajo la competencia del Tribunal Colegiado en Tumo del Decimotercer Circuito”.
Mencionó que sobre estos hechos, desde los días 27 y 28 de agosto hizo en conocimiento de las posibles autoridades vinculadas en Ejecución Sustituta, como es el caso del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, del Honorable Pleno del Tribunal Superior Agrario, de la Presidenta de la Cámara de Diputados por sus facultades en materia de presupuesto.
“También en esa fecha he comunicado los hechos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, para su urgente intervención de conformidad a sus facultades legales.
Por las características de la figura de Ejecución Sustituta y sus efectos nocivos para el país, consideré necesario proponer al Senado de la República su eliminación de la Ley de Amparo, porque representa Estado Fallido y Estado de Corrupción: Estado Fallido por su incapacidad de ejecutar las resoluciones de los Tribunales y Estado de Corrupción porque permite la disposición de recursos públicos en conflictos entre partes. Posteriormente, con fecha 23 de octubre de 2020 comuniqué los hechos a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el contexto de sus atribuciones”, asentó el magistrado.
