Ciudadanos acusaron al edil de San Esteban Atatlahuca, Rogelio Bautista Ríos de incitar el conflicto en la comunidad de Guerrero Grande, al pretender ingresar hoy, 23 de julio, a un grupo de personas que han atacado a pobladores.
Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), expuso que el presidente municipal y autoridades auxiliares notificaron por escrito su decisión a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Sin embargo, las personas que pretenden ingresar son las mismas acusadas de participar en la desaparición de los señores Mayolo Quiroz Barrios, Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño, así mismo en el homicidio de Jacinto Hernández Barrios e Isidoro Hernández y además participaron en el saqueo y la quema de más de 100 casas, hechos que fueron efectuados los días 21, 22 y 23 octubre del 2021, en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji.
Santiago Reyes, apuntó que el sábado 22 de junio del 2022, siendo aproximadamente a las siete de la noche, varios vecinos del paraje “Shini too” que se ubica en la comunidad de Mier y Terán, escucharon varias detonaciones de arma de fuego que provenían de la comunidad de Ndoyonoyuji, estas detonaciones duraron aproximadamente 20 minutos.
Asimismo, las personas que se encuentran en el albergue ubicado en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, quienes fueron desplazadas de la comunidad de Ndyonoyuji, en diversas ocasiones han visto a personas desconocidas, quienes han llegado a ese albergue con la intención de causarles algún daño.
Recordó que el pasado 23 de diciembre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado mexicano la medida cautelar número MC-1050-21 a favor de familias de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji y otros de México.
Ante las situaciones descritas, vecinos de la comunidad de Guerrero Grande, el 10 de julio del 2022 determinaron no permitir la entrada de ninguna persona el día 23 de julio del 2022, por lo que la asamblea general se declaró en vigilancia permanente.
Las familias desplazadas y la comunidad, demandan mayor seguridad para los desplazados, atención a las víctimas de la violencia y protección de sus derechos humanos, así como respeto a la medida cautelar.
Solicitan además que el Gobierno del Estado de Oaxaca, “deje de proteger a las autoridades de San Esteban Atatlahuca”, por conducto del secretario General de Gobierno, Francisco Javier García López y de la Coordinadora para la Atención de Derechos Humanos Norma Reyes Terán, personas a las que responsabilizan de cualquier hecho violento que se llegue a dar el día de hoy.
