Autoridades municipales de San Martín Peras, del distrito de Juxtlahuaca, exigieron ayer respeto a la voluntad ciudadana comunitaria y la devolución de más de 34 millones de pesos por parte del ex administrador municipal.
En conferencia de prensa, Santiago Ramírez Cervantes, presidente municipal constitucional de San Martín Peras, afirmó que un reducido grupo de habitantes de dos agencias, asesorados por el ex enviado de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Carreto Silva, son quienes se han empeñado en desestabilizar a la población.
Recordó que la asamblea extraordinaria se realizó el pasado 26 de agosto y fue validada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) el 30 de septiembre, por unanimidad del Consejo General.
“El grupo minoritario manejado por el ex administrador Carreto Silva es el que ha venido a la capital a manifestarse y a generar disturbios e incluso agredieron a dos funcionarios del IEEPCO, a quienes despojaron de sus ropas”, apuntó.
Acompañado por integrantes del cabildo de San Martín Peras, Santiago Ramírez sostuvo que cuentan con la validez del órgano electoral y ahora demandan al titular de la Segego, Héctor Anuar Mafud Mafud, ordene a su enviado a “reintegrar el dinero del pueblo”.
Señaló a Marcelo Santillán Tobón, Fernando Rivera y a Arnulfo Gracida Rivera, este último a quien identifican como la persona más violenta de la población y del grupo inconforme; además de Marcelino Gracida Ortiz, Raúl Vásquez Pérez y Otilia Flores López.
“El ex administrador manejó la cantidad de 34 millones 560 mil 750 pesos con 19 centavos, de los cuales no rindió cuentas, ni tampoco realizó obras de impacto general o distribuyó de forma adecuada a las agencias y envío a los paisanos a defenderlo”, apuntó.
Urgió la reintegración de los recursos a la autoridad electa por la asamblea comunitaria, que demanda a la Auditoría Superior del Estado (ASE), realice una auditoría y se resarzan los daños al erario del municipio.
Sin embargo, asesores de Mafud Mafud les han externado que la Secretaría General de Gobierno no puede hacer nada para obligar a Carreto Silva para que devuelva el dinero, dado que no colabora con ellos.
No obstante, advirtió Santiago Martínez que en caso contrario interpondrán las denuncias penales correspondientes para que se investigue el desvío de recursos públicos y se aplique la ley sin distingo o sin protección política.
Así también, pobladores avalaron a la autoridad municipal electa en un proceso electoral extraordinario, luego de que la Sala Xalapa haya ordenado la reposición de la asamblea, lo cual se cumplió cabalmente.
