Dos agencias pertenecientes a Huajuapan denunciaron al gobierno municipal por la presunta violación a sus derechos, específicamente, a la libre determinación y a su autonomía.
La primera autoridad en denunciar fue la agencia de policía Rancho Dolores, que interpuso el juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos JDCI/62/2019, ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), el 2 de agosto de 2019.
En él, reclamaban al ayuntamiento, “el derecho a determinar libremente su condición política y su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar a su comunidad, mediante el establecimiento de garantías mínimas en atención a sus derechos colectivos a la autodeterminación, autonomía y autogobierno”, cita el documento.
OFRECEN DIETA
Pedro Donaciano Guerrero Cruz, agente de la comunidad junto con otros integrantes de la misma, informó que las autoridades municipales les ofrecieron 5 mil pesos mensuales, pero no para la comunidad sino para la autoridad auxiliar.
“Dijeron que, si queríamos compartir con los demás, bien, pero que, si no, era decisión de uno; era a manera de dieta, pero es como una compra para someter a los agentes, para que gestionen, para que haya una dependencia”, explicó.
“Nos dijeron también que las necesidades que tuviera la agencia las consultáramos con ellos para que mandaran personal a analizar si se requería y lo manejaran ellos mismos.
Nosotros no aceptamos ni un peso, lo consulté con la asamblea y decidimos informarnos con especialistas”:
Se trata de los recursos del ramo 28. Al recibir y rechazar la propuesta de los 5 mil pesos, optaron por preguntar al gobierno municipal cuáles eran los criterios para la distribución de los recursos.
Primero, fue de manera personal a varios funcionarios que se encargan de la administración, pero al no haber respuesta, lo hicieron por escrito, en un oficio dirigido a la presidenta municipal, Juanita Arcelia Cruz Cruz, pero el tercer intento fue preguntar a todo el cabildo porque no respondieron.
Aunque saben que no se trató en sesión de cabildo, el secretario municipal, Ulises Cuauhtémoc Reyes Martínez, respondió que quien les iba a dar respuesta, sería la síndico hacendaria, Mayra Isabel Serrano González.
“Cuando nos respondió, justificó que el artículo 115 dice que los municipios pueden decidir cuánto y cómo administrar los recursos, pero no respondieron con base en qué había sido su determinación en este caso”.
Luego de esto, se abordó el tema en asamblea de la comunidad (que tenía 273 habitantes cuando se hizo el censo del 2010 y ahora tiene 380 habitantes), y acordaron promover el juicio ante el TEEO, lo cual hicieron el 2 de agosto de 2019,estando a cargo el magistrado, Raymundo Wilfrido López Vásquez.
CUESTIONAN ACTITUDES
“El gobierno justificó que no somos una comunidad indígena, por lo que solicitaron un peritaje al tribunal, para que consultara en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), etcétera”, explicaron.
Agregaron que a los 30 días, llegó el documento del INPI en el que reconocían que la agencia es comunidad indígena y la instancia les dijo que, además, es violatorio de derechos que la autoridad municipal lo ponga en duda.
“En cuanto les llegó el documento, nosotros acudimos al TEEO y el magistrado nos felicitó por hacer las cosas de manera institucional, sin bloquear o manifestarnos, y que lo resolverían pronto, pero pasó un mes y nada. Acudimos después al pleno, y dijeron que lo iban a atender”.
La actitud fue extraña en esa ocasión porque el magistrado casi nos regañó, por haber acudido al pleno, pero lo tuvimos que hacer ante la falta de respuesta, había una dilación y era obvia, dijeron.
Este año, dos de tres magistrados, se dijeron incompetentes y turnaron el caso a la Sala de Justicia Indígena.
“Fuimos a la Sala Xalapa y estamos en espera de que el tribunal emita su resolución para saber si se queda en el TEEO o resuelve la Sala de Justicia Indígena”, mencionaron.
CASTIGADOS
“Don Pedro no va a ganar”, le hicieron saber al agente del año pasado, “hubo amenazas y estuvieron dando dinero para que votaran en contra mía y dividiendo a la gente, a través del director de agencias y colonias”, aseguran; sin embargo, el agente fue ratificado por la asamblea el 7 de diciembre pasado.
“En el apartado A y B el artículo 2 de la Constitución se establece que las comunidades indígenas pueden manejar sus recursos, en este caso, sería para solventar las necesidades de la comunidad, sin necesidad de recurrir al gobierno para que haga todo porque a fuerza quieren manejar los recursos y apaciguarnos con una dieta”, dijeron quienes gobiernan con el agente.
Cuestionaron también que Huajuapan reciba más de 112 millones de pesos y las comunidades no puedan tener acceso más que a 5 mil pesos mensuales para “el refresquito” del agente, y ni siquiera se vean obras de impacto en el municipio, incluyendo la cabecera.
SEGUNDA DENUNCIA
El haberse opuesto a dicha dieta, ha traído que las autoridades los “castiguen”, no incluyéndolos en ningún tipo de actos a los que van las demás agencias municipales y de policía, y lo mismo pasa con la agencia Rancho Castillo.
En ésta última comunidad, luego de haber emprendido acciones legales, en 2017 tuvieron un acuerdo con el gobierno municipal por el que recibían 19 mil 760 pesos mensuales.
La actual administración redujo esa cantidad. Les destinaron 6 mil pesos y 50 litros de gasolina en 2019“contraviniendo el principio de que todo derecho conseguido tiene que ser progresivo, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“Si quieren más para un trabajo, solicítenlo a la presidenta para que validen si se requiere, nos dijeron, pero además hay la desconfianza porque luego inflan los costos de las obras que hacen”, dijo la agente de Rancho Castillo, María del Carmen González.
LAS DUDAS
El problema, también en este caso, es que el gobierno no fundamenta con base en qué, les disminuyó la cantidad de recursos otorgados, los cuales recibió la comunidad todo el 2019 y enero del presente año.
Ese recurso, alcanza para darle 500 pesos al mes a cada comandante y a la suplente, “para que al menos puedan meterle una ficha de red a su teléfono y poder tener comunicación, ya que no tenemos señal, hay que comprar jabón para los baños, gasolina en cuanto se termina porque son 25 litros para hacer rondines y 25 pesos para el vehículo para salir a gestiones y trámites”.
A raíz de esa situación, promovieron el juicio de amparo635/2019 en junio del año pasado, solicitando que les den los recursos que afirman que les corresponden conforme a derecho, fundamentándose en el artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal, que toma en cuenta la cantidad de habitantes de una población para la asignación.
Ellos están tomando en cuenta la cantidad de habitantes que han contabilizado 316 en su censo, mientras que el censo del 2010 del INEGI, refiere que son 215 habitantes. Ya tuvieron una audiencia el 7 de enero, la segunda fue el 13 de febrero.
LOS SELLOS
Mientras ambos juicios están interpuestos, el gobierno municipal no les ha dado sus sellos como autoridades auxiliares, lo cual dijeron que también es una violación a sus derechos.
“El gobierno me estuvo solicitando el sello del agente saliente el año pasado, yo fui a Oaxaca y allá lo entregué personalmente y en la Dirección General de Gobierno me dijeron que eso que estaban haciendo acá era ilegal, pero eso lo hacen con todos los agentes”, explicó el agente de Rancho Dolores.
“La Segego le dijo al gobierno municipal que tampoco tiene facultad para mandar a hacerles sus sellos, con el memorándum de la instancia estatal, ya lo pueden hacer los agentes, por el tiempo que la asamblea determine que sustentará el cargo o por tiempo indefinido y debe entregarse de autoridad a autoridad, los directores no tienen facultad de hacerlo”, explicó.
Por esta razón, temen que los que hace el gobierno cada año, puedan ser utilizados para justificar recursos que no les fueron otorgados, dada la discreción con la que manejarían el ramo 28.
Ahora, ambos agentes están ocupando en documentos oficiales, el sello que tienen desde el año 1940, tiempo en el que se reconoció ante una asamblea, que ese sería el sello de la comunidad.
La petición de ambas comunidades es que se les reconozca y tengan acceso a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), que para toda gestión es necesario y no deban depender del gobierno y su estado de ánimo o preferencias partidistas.
“Queremos que se reconozca el cuarto nivel de gobierno, para que los recursos se destinen sin que pase por cámara de diputados ni cabecera municipal, pues con tantos filtros, llega muy poco a las comunidades que realmente lo necesitan”, consideraron.
RIFAN CHIVO Y GUAJOLOTE
Rancho Dolores, al no haber recibido recursos en el 2019, sobrevive de ingresos de 50 pesos mensuales que dan entre 40 y 50 ciudadanos, y principalmente de rifas que hacen en la comunidad.
Diputados, magistrados, el gobernador y hasta el presidente de la república, participaron en la rifa de un chivo y un guajolote que hicieron en esta agencia mixteca, cuyos boletos costaron 50 pesos.
Al respecto, este medio de comunicación buscó al síndico procurador de justicia, Pablo David Crespo de la Concha, representante legal del ayuntamiento para dar a conocer la versión del ayuntamiento.
El funcionario prefirió no dar declaraciones al respecto, dado que está en proceso los dos juicios y prefirió esperar a que el tribunal los resuelva.
