Con una nueva advertencia sobre el impacto de la actividad minera en los Valles Centrales, pobladores y autoridades comunitarias acudieron este miércoles a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la colonia Reforma de Oaxaca de Juárez, para exigir que se detenga una nueva ampliación del proyecto minero “San José”, operado por la Compañía Minera Cuzcatlán.
Los inconformes sostienen que la empresa pretende ampliar su infraestructura mediante la “Conformación del Depósito de Jales Secos”. Dicho proyecto aseguran, forma parte de una expansión progresiva de las operaciones mineras en la región.
El reclamo fue encabezado por integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos. Quienes solicitaron a la dependencia federal negar la nueva Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional (MIA-R), y abrir una mesa de diálogo con las autoridades comunitarias.
Su postura es tajante: no existe consentimiento comunitario para nuevas actividades mineras en sus territorios.
“NO MÁS AMPLIACIONES AL PROYECTO MINERO SAN JOSÉ”
A través de un pronunciamiento, las comunidades plantearon directamente su exigencia a la autoridad ambiental:
“No más ampliaciones al proyecto minero ‘San José’: exigimos que SEMARNAT niegue el nuevo depósito de jales secos de la compañía minera Cuzcatlán”.
El Frente sostiene que la nueva MIA-R, cuyo extracto habría sido publicado el pasado 29 de julio, busca integrar autorizaciones y modificaciones realizadas desde 2015 hasta 2021. Además de incorporar la regularización de obras que las comunidades consideran irregulares y una cuarta ampliación del depósito de jales.
Para los opositores, no se trata simplemente de una modificación técnica.
“No se trata de un proyecto nuevo ni de un simple ajuste técnico”, señala el documento, al considerar que la propuesta representa una nueva etapa en la expansión de la mina.
Las comunidades sostienen que el depósito de jales es particularmente delicado debido al volumen de residuos que concentra y al riesgo que, según su denuncia, representa para el territorio y las fuentes de agua.
17 AÑOS DE CONFLICTO Y SIN CONSENTIMIENTO, AFIRMAN
El conflicto entre comunidades de los Valles Centrales y la actividad minera no es reciente.
De acuerdo con el Frente, el proyecto lleva aproximadamente 17 años de operaciones en la región. Pero, las comunidades que se oponen aseguran que nunca han otorgado su consentimiento para las actividades de exploración y explotación minera.
Su posición, aseguran, se encuentra respaldada por 14 declaratorias comunitarias de territorio prohibido para la minería, emitidas por asambleas locales bajo los principios de autonomía y libre determinación.
Las comunidades consideran que autorizar una nueva ampliación profundizaría los impactos ambientales y, al mismo tiempo, legitimaría una actividad que —según su postura— se ha desarrollado sin su consentimiento.
Entre las localidades que mencionan se encuentran Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Magdalena Ocotlán, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, El Llano, San Nicolás Yaxe, San Baltazar Chichicapam y San Dionisio Ocotepec.
El agua es el centro de la preocupación.
“El agua, el territorio y la vida de los Valles Centrales de Oaxaca no están en venta ni en negociación”, sentenciaron.
ACUSAN ANTECEDENTES DE IRREGULARIDADES
Uno de los argumentos más fuertes presentados ante Semarnat corresponde a antecedentes administrativos y ambientales que, de acuerdo con el Frente, deben ser considerados antes de autorizar cualquier nueva obra.
Las comunidades aseguran haber entregado documentación generada por las propias autoridades ambientales.
Entre los datos que señalan se encuentran 73 obras irregulares identificadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entre 2009 y 2018, dentro del expediente PFPA/26.32C.27.5/0020-17.
También citan dos negativas anteriores de Semarnat a proyectos relacionados con la mina.
La primera corresponde a la Manifestación de Impacto Ambiental de “San José II”, en modalidad particular, que habría sido negada el 30 de abril de 2019.
La segunda, en modalidad regional, habría sido rechazada el 3 de septiembre de 2020.
Sin embargo, posteriormente, en 2021, la dependencia habría autorizado la MIA Regional denominada “Actualización de obras y actividades”, mediante la cual, de acuerdo con el documento comunitario, se regularizaron las 73 obras y se extendió durante 12 años la vida del proyecto.
Para las comunidades, esta secuencia representa una contradicción que debe ser explicada públicamente.
TRES DERRAMES, UNA DE LAS PRINCIPALES ACUSACIONES
El Frente también presentó como antecedente tres episodios que identifica como derrames relacionados con la presa de jales hacia el arroyo El Coyote.
El primero habría ocurrido en octubre de 2018. Según el documento, fue confirmado por Profepa y habría registrado concentraciones de metales pesados por encima de los parámetros establecidos, incluido hierro hasta 18 veces por encima del límite señalado por las comunidades.
El segundo caso corresponde a julio de 2020. Cuando, de acuerdo con su denuncia, un pozo de recarga ubicado en Magdalena Ocotlán presentó coloración rojiza.
El tercero habría ocurrido en septiembre de 2024, cuando las comunidades reportaron sedimentos blanquecinos y espuma que habrían alcanzado el pozo que abastece a Magdalena Ocotlán y San Matías Chilazoa.
Estos señalamientos forman parte de los argumentos con los que el Frente busca que Semarnat aplique los principios de prevención y precaución antes de autorizar una nueva infraestructura.
ADVIERTEN SOBRE METALES EN EL SISTEMA HÍDRICO
Otro de los elementos que las comunidades llevaron a la discusión son estudios atribuidos a la Comisión Nacional del Agua correspondientes al periodo 2018-2020.
De acuerdo con el pronunciamiento, dichos estudios habrían detectado concentraciones de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo por encima de los niveles permitidos para consumo humano en el sistema hídrico cercano a la mina.
El señalamiento adquiere especial relevancia para las comunidades porque buena parte de sus actividades y de su vida cotidiana depende de las fuentes de agua disponibles en sus territorios.
No obstante, los datos forman parte de los argumentos presentados por el Frente. Los cuales deberán ser confrontados con los expedientes oficiales, estudios ambientales vigentes y las evaluaciones que correspondan a las autoridades.
EXIGEN SABER QUÉ PERMISOS SIGUEN VIGENTES
Más allá de pedir que se rechace la nueva MIA-R, las comunidades plantearon una exigencia adicional: conocer con precisión cuál es la situación administrativa actual de la mina.
Solicitaron información actualizada sobre las autorizaciones vigentes, modificaciones, procedimientos y proyectos relacionados con “San José”.
El Frente sostiene que en anteriores ocasiones se han tomado decisiones administrativas mientras las comunidades mantenían procesos de diálogo con las autoridades.
Por ello, reclamaron que cualquier mesa de trabajo sea transparente. Y no ocurra, de manera paralela, a decisiones que posteriormente puedan modificar la situación del proyecto.
QUIEREN UNA AUDIENCIA DIRECTA CON SEMARNAT
Los representantes comunitarios informaron que presentaron formalmente ante la oficina de Semarnat en Oaxaca una solicitud para que sea negada la nueva MIA-R.
También pidieron establecer una mesa de trabajo con la titular de la dependencia.
“No estamos solicitando un trámite más”, puntualizaron en su pronunciamiento.
Lo que buscan, explicaron, es conocer de manera completa la situación administrativa del proyecto. Y participar en un proceso de diálogo que, a su juicio, debe realizarse de buena fe.
EL CONFLICTO AMBIENTAL SIGUE ABIERTO
La movilización de este miércoles vuelve a colocar a la minería en el centro de la discusión ambiental de Oaxaca.
Por un lado, las comunidades opositoras cuestionan que el proyecto pueda continuar ampliándose cuando, según sus argumentos, existen antecedentes de irregularidades, derrames y conflictos relacionados con el agua.
Por otro, cualquier determinación sobre la nueva Manifestación de Impacto Ambiental tendrá que pasar por el procedimiento correspondiente y sustentarse en los estudios técnicos y jurídicos que establece la legislación ambiental.
El punto de mayor tensión será determinar si las condiciones actuales del territorio permiten una nueva ampliación. Y, particularmente, si las medidas de prevención, manejo y confinamiento de residuos resultan suficientes para evitar afectaciones ambientales.
Las comunidades, mientras tanto, mantienen su negativa. Su mensaje a la autoridad federal fue contundente:
“El agua, el territorio y la vida de los Valles Centrales de Oaxaca no están en venta ni en negociación”.
Finalmente, la decisión sobre el nuevo depósito de jales secos colocará nuevamente a Semarnat frente a un conflicto que lleva años abierto y en el que la disputa no se limita a una autorización ambiental: involucra agua, territorio, derechos comunitarios y el futuro de una actividad minera que los opositores buscan impedir.
