“Por el momento no es oportuno realizar el cambio de adscripción de la pasante de Derecho María del Pilar Hernández Ojeda adscrita como ejecutora al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Cruz Huatulco a otro juzgado, debido a la excesiva carga de trabajo, lo cual traería un rezago en la administración de justicia de dicho juzgado y por carecer de recurso presupuestal para cubrir ese espacio”.
Es la respuesta que dio la Dirección de Administración y Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), tras una queja por presuntas irregularidades en las que ha incurrido la servidora pública.
Esta queja provino a raíz de que el señor José Guadalupe Hernández Serrano solicitó la intervención de la DDHPO y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como del gobernador del Estado de Oaxaca en la pasada administración de Gabino Cué Monteagudo y de superiores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego de haber descubierto una red de complicidades entre funcionarios y abogados.
El abuso del poder
En el año 2005, el licenciado Luis Flores Vivanco procedió a embargarle un departamento a la señora María Emilia Peláez Ruiz, ubicado en Bahías de Huatulco.
Para el año 2008, María Emilia en compañía de su esposo acudió al domicilio de José Guadalupe para ofrecerle en venta el inmueble, por supuesto, sin decirle que estaba embargado.
Obrando de buena fe y una vez acordado el precio así como la fecha para los trámites que seguían, el 11 de septiembre del mismo año, acudió con el notario, licenciado Báez y su secretaria Julieta, para firmar el contrato de compra-venta por la cantidad de 395 mil pesos.
En el acto dicha cantidad fue cubierta por José Guadalupe a favor de María Emilia, quedando únicamente un remanente de 60 mil pesos, los cuales se pagarían a la hora de la firma de escrituración según el contrato de compra-venta.
“Esto me empieza a sonar como contubernio, más cuando me entero que el abogado de María Emilia Peláez Ruiz a quien demandé, es el propio licenciado Luis Flores Vivanco, quien le había embargado el departamento.
A decir del ofendido, también se percata que comienza una especie de contubernio entre Luis Flores Vivanco y la pasante de Derecho María del Pilar Hernández Ojeda, ejecutora del Juzgado Primero Mixto en Huatulco, en los expedientes 309/2009 y 074/2013. (Que aún sin corresponderle por ser par, ella también intervenía).
Según la denuncia, desde el 2010 José Guadalupe ha sido víctima de diversos actos irregulares por la ejecutora María del Pilar, quien lleva los dos expedientes 309 y 074/2013, entre otros, teniendo acceso a todo y haciendo fuga de información.
En su oportunidad, José Guadaluope presentó la queja con magistrados que tienen del conocimiento de las situaciones irregulares en el juzgado Primero Mixto de Santa Cruz Huatulco como son: Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, José Luis Ríos Cruz, César Martínez Cervantes, Leticia García Soto y Roberto Hernández Santiago, entre otros.
Según investigaciones del ofendido, en la fiscalía local de Santa Cruz Huatulco, existen los legajos de investigación 1380/2015 y 2590/2015 en contra de María del Pilar Hernández Ojeda y José Luis Flores Vivanco, como probables responsables del delito de despojo.
No conforme con el presunto fraude, la señora María Emilia Peláez da en garantía por un supuesto pagaré por 15 mil pesos al señor Jorge Gálvez Rean, el contrato de compra-venta que celebró por el mencionado departamento con el señor José Guadalupe, para que ahora sea el señor Jorge Gálvez Rean-Con, quien le cobre los 60 mil pesos.
Ante esta situación, la abogada de José Guadalupe se da cuenta del fraude procesal que se está cometiendo y denuncia lo ocurrido ante el Ministerio Público, ante quien se solicita un perito en grafiloscopía, determinándose que hay responsabilidad de fraude por parte de la señora María Emilia y Jorge Galven, a quienes se les vincula a proceso, dentro de la causa penal 120/2015.
Agregando más pruebas, José Guadalupe detalla que en el año 2009, la señora María Emilia le ha pedido a cuenta de los 60 mil pesos, diversas cantidades de dinero en dos fechas diferentes, haciendo un total de 119 mil 800 pesos al 31 de mayo del presente año, los cuales no le han sido liquidados.
“Es inconcebible para mí que teniendo conocimiento de las irregularidades que sigue cometiendo María del Pilar, en su momento el presidente del TSJ, magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, al igual que la presente administración se hicieron y continúan haciéndose oídos sordos, protegiendo a esta servidora pública para que persista en su cargo”, señala José Guadalupe.
Respuesta infantil
Por este motivo, durante su intervención, el director de Peticiones, Orientaciones y Seguimiento de Recomendaciones de La DDHPO presentó la queja ante la Dirección de Administración de Recursos Humanos del TSJ para remover del cargo a la Actuaria Judicial María del Pilar Hernández, sin embargo, la respuesta fue inconcebible, infantil, ridícula y sin sustento.
Al menos así lo interpreta el ofendido, José Guadalupe Hernández Serrano, “De sobra es bien conocido por la ciudadanía de nuestro país el retraso que impera en la mayoría de los juzgados encargados de impartir justicia en nuestro querido México, no siendo éste juzgado la excepción, pero para José Javier Díaz Aragón, Director de Administración y Recursos Humanos del tribunal la funcionaria es indispensable.
“En cuanto a los recursos presupuestales, por favor, ahora que el contador no me salga con esto, tengo más de 79 años, no nací ayer y estoy enterado de la situación que en diversas circunstancias y ángulos, priva en nuestro querido y amado país, no estoy tarado, es tanta la sapiencia del señor Antonio Javier Díaz Aragón que ya olvidó que todo mundo es necesario, pero no indispensable y menos cuando cometen situaciones irregulares, anómalas.
?No será que, al igual que la administración anterior, ésta también le teme al sindicato?, como lo manifestó anteriormente José Guadalupe Álvarez García, que no haría nada en contra de la pasante de Derecho María del Pilar Hernández Ojeda, porque era empleada de base y no quería que el sindicato le hiciera un escándalo, bloqueando instalaciones del tribunal por cambiarla de adscripción.
Exigen justicia
A la actual administración de gobierno, José Guadalupe solicita la pronta intervención del señor gobernador Alejandro Murat, para que no se sigan cometiendo atropellos en agravio de la ciudadanía; pues así lo firmó en una de sus 439 promesas durante la campaña, las cuales ratificó al resultar electo, “firmar compromisos es empeñar mi palabra, hacerlo públicamente es garantizar su cumplimiento y es, además, darle a las oaxaqueñas y oaxaqueños un instrumento de medición y transparencia, para que todos podamos darle seguimiento al proceso de transformación de Oaxaca”.
