El rescate de los ríos Salado y Atoyac tendrá que esperar al menos hasta el 2022. Aunque fue en mayo de 2019 cuando Litigio Estratégico Indígena ganó el amparo para la protección y rescate de los dos afluentes más importantes de Oaxaca, la emergencia sanitaria por Covid-19 retrasó un proceso de por sí ya complejo, señala Carlos Morales, presidente de la asociación promotora del recurso.
UNA SOLUCIÓN A FONDO
La ejecución de la sentencia de amparo contempla una demora de siete años, a partir de la aprobación de una planeación, señala Morales, quien confía en “una solución de fondo”. Una que involucre a los tres órdenes de gobierno, mediante la coordinación. Tan solo en el ámbito municipal, serán 56 los ayuntamientos de Valles Centrales y de otras partes del estado, en el caso del Atoyac.
Que esta sea cumplida “de la mejor manera posible”, mediante un proyecto sostenible y sustentable, que no abarque plantas de tratamiento de aguas residuales, como las que han quedado en el olvido en el estado, subraya el abogado sobre el amparo 621/2016.
TIENEN ESPERANZA
“Tenemos la ventaja de que las sentencias de amparo son las que sí se cumplen en México, por eso tenemos esperanza. Sé que nos vamos a tardar, que nos vamos a encontrar con dificultades y con la argumentación de las autoridades de que no tienen dinero, de que no hay recursos”.
Luego del fallo del Tribunal Colegiado de Acapulco, que en mayo confirmó la sentencia que ordena a los tres órdenes de gobierno proteger y rescatar los afluentes, la jueza primero de distrito del estado, Elizabeth Franco Cervantes, dio un plazo de 90 días para que informaran sobre “las primeras acciones que están realizando” para cumplir la sentencia.
Pero este plazo “no puede entenderse de manera estricta”, reconoce Carlos Morales, quien señala que en un primer momento solo estaban involucradas determinado número de autoridades. Y recientemente llamaron al Congreso del Estado, a la Secretaría de Finanzas y a otros municipios que tienen que sumarse al proyecto.
INTERVENIR EN EL RESCATE
“Todo este complejo grupo de actores tiene que intervenir en el rescate” y deben crearse “lineamientos para la ejecución de sentencias de amparo en materia ambiental”, explica el abogado al señalar que el amparo es inédito, sin precedentes, y que eso ha incidido en su complejidad.
Además de que la emergencia por Covid-19 retrasó el proceso de planeación, en un momento en el que ya se había contemplado a todas las autoridades participantes — incluidas dependencias relacionadas con el tema del agua, el medio ambiente y demás—. Y que se esperaba concluir en este año.
“La pandemia vino a suspender los plazos; tenemos que esperar un poco más. Cuando estos hayan finalizado, se tiene que hacer un corte de los proyectos e información presentados por las autoridades”.
Después, el juez de distrito tiene que dar pie a la ejecución, previo a que Litigio Estratégico resuelva cuál es la mejor solución. Para esto es necesaria la participación de entes como Greenpeace, Hearth Law Center y CEMDA, especialistas en temas ambientales.
“Hasta ahorita, Conagua y otras autoridades han informado lo que piensan hacer”, ahonda Morales, quien confía en que se logre el cumplimiento de la sentencia. Y que con ello se siente un precedente, el que “por primera vez en este país se rescaten dos ríos con base en una sentencia de amparo”.
“Si fracasamos, ya no tendremos herramientas jurisdiccionales para hacer vigente este derecho a favor de la naturaleza”, apunta.
