Le salió caro el valor y ni la firma del vicefiscal lo salvó. Gildardo se erigió en verdugo, exigía justicia frente a un hombre, literalmente, sin pantalones y con una soga atando sus manos.
“Habla, habla”, le exigió la turba al hombre, al que la noche del miércoles, en estado de ebriedad, se le ocurrió abrir una camioneta cualquiera y echarse a dormir. Por la madrugada, cuando fue encontrado, pobladores de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco se alertaron y lo atraparon. Le ordenaron quitarse el pantalón, el calzoncillo, los zapatos. Lo exhibieron públicamente y el verdugo, conocido como El Tortillero, inició el juicio en la plaza pública.
Al menos un golpe le dio al hombre. Era la hora de la justicia por propia mano. El salto de las páginas de policiaca a la de política se dio cuando los captores fueron enterados de que el hombre al que capturaron era el agente del ministerio público, Alberto Mejía.
Pacta impunidad con el vicefiscal de la Mixteca
Tras al menos cinco horas de negociación, los hombres que capturaron al agente del ministerio público de Tlaxiaco aceptaron entregarlo a las autoridades estatales, no sin antes firmar un convenio en el que por lo menos dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado plasmaron su firma: Claudio Miguel Miguel, vicefiscal de la región Mixteca, y Lenin Misael Gutiérrez Díaz, representante de la dependencia.
En el documento, con sello de la Fiscalía local de Tlaxiaco, también avalado por Andrés Olea Aniceto, representante de la Secretaría General de Gobierno, las autoridades aceptaron que la Agencia Estatal de Investigaciones evitaría generar retenes injustificados en la ciudad; que los agentes de Vialidad destacamentados serán rotados, así como todo el personal de la fiscalía local y que un fiscal especializado en delitos cometidos por servidores públicos comparecerá continuamente en esta población para explicar avances de denuncias interpuestas.
En el punto cuatro del convenio se estableció generar un corralón municipal, a efecto de que los vehículos asegurados no sean trasladados a encierros particulares.
El punto cinco era la garantía de que “El Tortillero” no sería enjuiciado por las autoridades estatales. La Fiscalía del Estado se compromete a “deslindar responsabilidades a la población por los hechos acontecidos y provocados en este acontecimiento (sic)”, a cambio de lo cual, los ciudadanos, representados por Maurilio Mayoral y el propio Gildardo González, se comprometían a que frente a “hechos probablemente delictuosos” la o las personas detenidas serán trasladados ante la autoridad policial más próxima y ésta a su vez lo pondrá a disposición del Ministerio Público.
Fuentes aseguran que como testigo de la firma de este documento se encontraba el fiscal Rubén Vasconcelos.
¿No sabía en dónde trabajaba el agente?
Estaba advertido, como agente del Ministerio Público en Tlaxiaco, Alberto Mejía debió haber conocido el caso de propia mano… o a través de las noticias.
Hace poco más de un mes, el 16 de agosto, un presunto ladrón fue exhibido en esta comunidad mixteca. El hombre, acusado de haber robado un celular, realizó, tras ser detenido un trayecto similar al del agente Mejía.
A Luis, nombre del presunto agresor, le pusieron la soga al cuello, en realidad dos sogas, y lo obligaron a caminar desnudo por las calles de la heroica ciudad. El ofendido, un menor, lo increpa frente a la turba (https://goo.gl/b2Bj7c) y la voz de un septuagenario expresa los motivos del pueblo. Tras escuchar “al horno, hay que llevarlo al horno”, el hombre afirma “sí, porque si se lo llevan al agente el agente nada más va a agarrar dinero”.
¿No fue suficiente advertencia para el representante de la justicia? ¿Desconocía del hartazgo de la población? No.
La justicia por propia mano se tipifica como secuestro.
El “convenio de impunidad” hizo saltar de inmediato la inconformidad en la Fiscalía General del Estado. Agentes del Ministerio Público exigieron al fiscal Vasconcelos Méndez aplicar la ley e impedir que se validen agresiones como la ocurrida el miércoles en Tlaxiaco.
La amenaza de paro brotó nuevamente en esta dependencia, donde en julio pasado trabajadores del Instituto de Servicios Periciales detuvieron su labor por falta de condiciones.
La presión hizo reaccionar a la Fiscalía, que alrededor de las cinco de la tarde de ayer detuvo a Gildardo González Velasco, acusado por un delito que le podría dar una pena de 40 a 80 años de prisión.
“La Fiscalía general actuará contra quienes vulneren la ley cometiendo delitos y efectúen actos que denigren, vejen y atenten contra la dignidad de cualquier persona”, informó la dependencia en un comunicado previo al inicio de la audiencia de vinculación. En el escrito no se esclarece si hay denuncias contra el agente Mejía por daño a propiedad privada o robo.
Ese golpe y los reclamos al agente del ministerio público que violó la ley, que abrió una camioneta ajena para “quedarse a dormir” podrían costarle el resto de su vida en prisión al “Tortillero”, un hombre al que la Fiscalía le firmó su impunidad.
