Apenas es una niña, tiene 12 años y ya sufrió violación a sus derechos humanos. María, como la llamaremos por respeto a su integridad, fue privada de su libertad por un hombre al que se identificó como Jacinto el pasado 6 de febrero en su comunidad San Antonio Nuevo Paraíso, que pertenece a Santa María Chimalapa.
Sus padres acudieron ante las autoridades de justicia, quienes le dijeron que “para qué buscarla”, mejor recibieran “cervezas y comida” a cambio.
No conformes y desesperados, se trasladaron más de ocho horas de camino en terracería y denunciaron lo ocurrido ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca sede Juchitán.
María regresó la noche del 18 de febrero a casa y su única exigencia es justicia.
Esta práctica del rapto es frecuente en comunidades indígenas y marginadas de Oaxaca donde se privilegian los usos y costumbres, en donde la mujer no vale por su género y tampoco por su condición y aumenta la vulnerabilidad cuando los funcionarios encargados de privilegiar la justicia -como ocurrió con el Ministerio Público de Palomares-, asumen una posición de normalizar la violencia, el consuelo que dan a la familia es “reciban dádivas a cambio de una hija perdida”.
María es la tercera hija del matrimonio de Leonor Caballero García y Refugio Ramírez Torres, quienes ahora exigen que se aplique la ley contra Jacinto, un joven que se llevó a su hija sin autorización y violentó sus derechos causándole daños sicológicos, pues durante ese tiempo vivió amenazada.
“La noche del sábado me avisaron que tenían a mi hija en la fiscalía de Matías Romero y de inmediato acudimos, ahí nos dijeron que los familiares de Jacinto la hospedaron en un hotel y después la fueron a ‘tirar’ prácticamente en el Ministerio Público de Palomares, ellos la trajeron a Matías Romero, exigimos que se aplique la ley en este caso, mi hija es una niña, es una menor”, expresó el padre de la menor.
Leonor, su madre, está triste, porque sabe que su hija quedará “marcada” con el sello del estigma en su comunidad, la cual privilegia la “virginidad” y a pesar que desconoce si hubo o no relaciones sexuales durante su desaparición, en el pueblo ahora solo se habla de María y su rapto.
Jacinto, quien se la llevó, es originario del ejido El Luchador, perteneciente al estado de Veracruz, localizado a diez minutos del hogar de María. Incluso sus familiares suponen que se la llevó con base a engaños y mentiras.
“A nuestra hija se la llevaron con engaños, de eso estoy segura, ella es seria y poco habla, estamos todavía descubriendo cómo es que Jacinto, quien seguramente tiene entre 25 y 28 años, se la llevó, mi hija es una niña, estudia el segundo grado de secundaria, nos duele todo esto y pedimos a las autoridades que hagan su trabajo”, expresaron.
María ya declaró ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), hasta el momento sólo ha recibido el apoyo de organizaciones sociales como el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas y otras más que exigen la reparación de daños para ella y sus familiares, atención sicológica y médica, así como una investigación pronta y con perspectiva de género de parte de la Fiscalía de Oaxaca.
Violentaron derechos
Mervin Chávez Rito, defensor público de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), expresó que se violaron los derechos humanos de la menor por parte de los servidores públicos, por lo que se realizan las investigaciones necesarias.
Dijo que quedó limitado el actuar del personal de justicia, por lo que es urgente que exista una sensibilización con perspectiva de género porque no es posible que sean los funcionarios quienes le digan a los padres que a cambio de su hija recibirán “dádivas”. “Eso es falta de cultura y respeto ciudadano”, expresó.
El defensor dijo que el pasado 14 de febrero acudieron a sus oficinas los padres de María, quienes desesperados le solicitaron su intervención y de inmediato giró indicaciones porque fue claro que se violentaron las garantías individuales de la menor.
“Las leyes son claras, ninguna menor de edad puede casarse por la vía civil sino hasta los 18 años, en este caso que una menor desapareció y que las autoridades de justicia señalaron que con unas “cervezas y comida” se arreglaba todo, ya no puede pasar aunque sus usos y costumbres lo veneren, porque está en juego una vida, que en este caso fue de una menor”, sentenció.
