A una semana del asesinato del dirigente Tomás Martínez Pinacho, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) señalaron que son nulos los avances en torno al atentado contra uno de sus miembros. Pero este no es el único caso del que consideran que las autoridades estatales buscan dar “carpetazo”, ya que sucede algo similar con otras agresiones y desapariciones forzadas de activistas, defensores de derechos humanos y otras personas en la entidad.
En el FPR se cuentan al menos seis “asesinatos políticos” en lo que va de la actual administración estatal y que corresponden, entre otros, a Tomás Martínez Pinacho, Miguel Ángel Brena y Juan Acevedo.
Lo que es incierto es el número de desapariciones forzadas que afectan a organizaciones sociales, aunque el FPR señala que se trata de una materia pendiente, “sobre todo con ONGs que llevan de manera más detallada este tema”. Con ellas podrían medir “el grado de criminalidad que impera en el estado tanto en desapariciones forzadas como en asesinatos políticos, aparte de los asesinatos clasificados como feminicidios”.
Para Macario Otalo Padilla, presidente estatal del FPR, “desde el momento en que toma posesión Alejandro Murat (gobernador del estado) se empieza a desatar una serie de asesinatos y desapariciones” que quedan en el olvido para las autoridades. Aunque no para las organizaciones.
En prácticamente todas las organizaciones sociales hay desaparecidos, asesinados o personas criminalizadas, apunta una de las organizaciones sociales que ayer junto con otras más protestó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y en diversos puntos de la capital.
Al lado de más de una decena de entes exigen justicia por Martínez Pinacho, además de la presentación con vida de activistas o miembros de otros entes hermanos. Entre ellos: Daniela Ortiz Ramírez y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas hace más de una década; Álvaro Bernardo Reyes Cruz, Federico Cruz Morales (ambos desaparecidos desde diciembre de 2017) y René Alejandro Cruz Esteban, desaparecido en septiembre de 2017.
Como esto, demandaron celeridad en las investigaciones y la salida del fiscal del estado, Rubén Vasconcelos Méndez.
“Ante el incremento de la violencia en Oaxaca, no hay un organismo que garantice justicia en los diferentes casos que hemos observado”, comenta otro integrante del FPR.
Recientemente, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca recordó la desaparición del abogado catedrático y defensor de derechos humanos Ernesto Sernas García, quien fue visto por última vez en su domicilio ubicado en San Agustín de las Juntas, Oaxaca.
SIN AVANCES, EN CASO DE MARTÍNEZ PINACHO
Macario Otalo Padilla, presidente estatal del FPR, señaló que sobre el asesinato del dirigente Tomás Martínez Pinacho (quien estuviera al frente de la fracción Sierra Sur del FPR) la Fiscalía solo les ha dicho que están “recabando videos”.
Para la organización, esta falta de avance es signo de que el caso intenta dejarse en el olvido gubernamental. “El método que están utilizando es el mismo de otros casos, de darle largas y largas a la investigación, al proceso de depuración de la información. Y al final nos van a decir que no pueden actuar por tal o cual caso”.
