Desde su creación en febrero de 2019 y hasta el último día de julio de este año, el Juzgado Calificador Especializado en Maltrato Animal de la capital oaxaqueña ha recibido 557 denuncias por agresiones o conductas que afectan a animales de compañía y sintientes, principalmente caninos y felinos. 358 de las denuncias corresponden al tiempo que lleva la emergencia sanitaria de Covid-19.
Hugo López Hernández, alcalde de Oaxaca de Juárez, señala que aunque se avecina el cambio de administración, confían en que la atención a esta problemática y seres sintientes se mantengan, al ser el maltrato animal una problemática que persiste en la capital. En el estado, el maltrato animal es una acción que puede implicar un delito y que se puede castigar con cárcel o multa.
Si bien se han impuesto algunas multas y arrestos a raíz de las denuncias en la capital, el alcalde subraya que la finalidad es generar conciencia para el buen trato y cuidado de animales, así como el impulso a la cultura de denuncia. Y es que señala que en los primeros meses de la creación del juzgado la gente no confiaba tanto en denunciar el maltrato, por lo que fue necesario hacer un trabajo de concientización y demostrar que tras los señalamientos había atención y seguimiento de los casos.
Por año, 178 denuncias corresponden al 2019; 230, al 2020 y en lo que va de 2021 se han presentado 149. A la fecha, López refiere que se han concluido 548 expedientes, pues ante la contingencia y el derecho a una defensa de los infractores. A raíz de las denuncias, el alcalde considera que se han mejorado las condiciones de vida de mil 015 caninos y 127 felinos.
Entre las 557 denuncias, 14 de los casos solo han ameritado apercibimiento, debido a que las irregularidades eran leves y fáciles de atender, según explica el alcalde. Por ejemplo, porque no se cumplía correctamente el aseo de los animales o la higiene de sus espacios.
Sin embargo, “hay otros que los hacemos a través del procedimiento conciliador porque las condiciones son más complicadas; los animales no tienen techo, sombra o no los alimentan bien y están desnutridos”, detalla sobre 325 expedientes. En tres, la autoridad se declaró incompetente, debido a que las agresiones se suscitaron en otros municipios. Ante ello, envió oficios a la autoridad municipal correspondiente.
Entre los casos más graves de maltrato, López recuerda el caso de un canino que era abusado sexualmente bajo un puente. Este ha sido uno de los cuatro casos turnados a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por tratarse de presuntos delitos.
Como estos, las condiciones de maltrato y aun sin tener un procedimiento para tal, en cuatro casos el juzgado retiró a los animales (como a dos caninos de nombre “Mocho” y “Coffee) y los dio en adopción a otras familias, esto con apoyo del coordinador de Servicios Comunitarios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UABJO, Roberto Pérez Montiel.
Aunque ha crecido la cultura de denuncia, López Hernández también destaca que en 157 casos los presuntos maltratos no fueron ciertos; en cuatro casos, definitivamente no se localizó el domicilio del presunto agresor. Asimismo, en 40 denuncias se determinó una multa y en un caso la persona señalada fue arrestada por 36 horas.
De acuerdo con el juzgado calificador, las principales agresiones o formas de maltrato se deben a la falta de higiene a sus espacios y animales, carencia de techo o el mantenerlos en espacios inadecuados como azoteas y lotes baldíos y casas abandonadas con fines de protección de los bienes. Asimismo, comenta que se revisan las condiciones en que están los animales en veterinarias o sitios donde se venden animales.
Al subrayar que la existencia del juzgado y Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales Domésticos de Compañía para el Municipio de Oaxaca de Juárez es para proteger la integridad de estos seres, Hugo López advierte que de incurrir en el maltrato puede llevar a multas de entre 695 pesos hasta 3 mil 475 pesos (dependiendo del valor de la Unidad de Medida de Actualización). Además de suspensiones o clausuras, en el caso de establecimientos, y arrestos de hasta 36 horas en el caso de personas físicas.
